lunes, 13 de marzo de 2017

Entrevista a afectad@s por la hipoteca "Es oficial: los banqueros son estafadores. Las casas son nuestras"




El 21 de diciembre del 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó una sentencia inapelable que reconoce la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo. Este fallo del TJUE contradice lo resuelto en su día por el Tribunal Supremo (TS) de España, que limitaba en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo. Ahora toca garantizar que los bancos y cajas de ahorro se vean obligados a devolver todo el dinero cobrado ilegalmente por las cláusulas suelo.
Tras conocer la noticia de esta victoria, conseguida gracias a las luchas en la calle de los movimientos sociales por la vivienda en todo el Estado Español, hemos creído oportuno entrevistar a dos compañer@s afectad@s por la cláusula suelo. Ellos son Antonio y Pilar.
- ¿Firmasteis una hipoteca para adquirir una vivienda o figurabais como avalistas? ¿En qué año la firmasteis y con qué banco?
- Firmamos como avalistas en el año 2005 con la caja de ahorros provincial San Fernando de Sevilla.
- ¿Qué proceso habéis vivido desde entonces? ¿Cómo ha sido el trato recibido por parte del banco?
- Hemos vivido un proceso muy duro y tedioso, desde el momento en que no se cancelaba una letra. EL trato recibido por parte del banco era angustiante, ya que nos llamaban al móvil y al fijo y nos decían que mi hija perdería el piso y que se quedarían con el nuestro por ser los avalistas.
- ¿Os habéis organizado para defender vuestros derechos frente a los abusos del banco? ¿Participáis en alguna plataforma?
-  Sí, tuvimos que demandar con el consiguiente gasto de abogado, procurador y costas a través de Jarsia Abogados, dándonos la justicia la razón y el banco nos tuvo que devolver desde el 2013 al 2015, de acuerdo con la sentencia. Soy socia de Facua (Pilar).
- ¿Cómo valoráis la resolución del Tribunal de Justicia Europeo sobre las cláusulas suelo y cómo os afecta en vuestro caso concreto?
- La resolución de Europa nos parece bien y esperamos que el banco devuelva no solo desde 2013 sino desde la firma de la hipoteca, en nuestro caso son 8 años quitándonos dinero y con un constante sufrimiento, que a nuestro parecer no está pagado con nada.
- ¿Qué papel ha jugado el Gobierno del PP en todo esto?
-  El papel jugado por el gobierno del PP ha sido favorecer siempre a la banca, incluso en esta resolución de Europa, los bancos también tienen un margen de tiempo sin asegurar la devolución de lo cobrado de más.
- ¿Habría sido posible llegar a este punto sin la lucha colectiva organizada de la PAH?
-  Creemos firmemente que si no hubiera sido por la lucha en la calle y la presión popular en general no se habría conseguido ningún compromiso.
A pesar de la sentencia, los bancos y cajas del Estado Español pretenden seguir en su postura de pensar más en sus beneficios que en sus clientes y su intención es tratar las reclamaciones una por una para dilatar el proceso, con la excusa de que estas devoluciones mermarán sus beneficios y afectarán a la solvencia de las entidades afectadas. El Gobierno del PP y el PSOE, una vez más, aprovechan la situación para tratar de mostrarse como defensores de los derechos de los y las trabajadoras con el más absoluto cinismo, cuando no han hecho más que firmar un decreto que deja la negociación con l@s afectad@s en manos de los bancos, en línea con todas sus políticas, que no hacen sino beneficiar a la banca, hasta el punto de haber rescatado con el dinero de todos y todas a esos mismos bancos que nos han estafado con las preferentes, las cláusulas suelo, etc.
Por ello animamos a tod@s l@s afectad@s por las cláusulas suelo a que denuncien el robo solapado de las entidades bancarias, que son unas de las responsables de que la crisis que estamos viviendo la estemos pagando la gente trabajadora.
Marlene Llorca

sábado, 11 de marzo de 2017

¿Subidas de la factura de la luz? ¡La respuesta es NACIONALIZACIÓN!



Este invierno nos llegó la noticia de la muerte de una anciana en su casa. Este triste hecho, a primera vista, hubiera encontrado cabida en las páginas necrológicas de los periódicos y demás medios de comunicación y hubiera pasado de largo. Porque hoy día nos enseñan que para que una sociedad sea avanzada y próspera hay que apostar por la gente joven -y más si tienen dinero-, por lo que la muerte de una persona de avanza edad ya no nos conmueve.

Rosa, la mujer de ochenta y dos años de la que hablamos, murió al caer sobre el colchón en el que dormía una de las velas que tenía en su hogar en el centro de Reus para tratar de sobrevivir después de que le hubieran cortado la luz dos meses antes por impago. Solicitó una subvención para el suministro de agua, pero el de la luz, no. Ninguna institución pública se preocupó por ella en ningún momento. Es más, desde dichas instituciones se ha expresado la idea de que Ana y el resto de personas a las que le afecta la sorprendente subida de la luz desde hace meses, se encuentran en esta situación porque no se acercan a solicitar unas ayudas que están hechas para no ser utilizadas, por la cantidad de requisitos que hay que cumplir para que las otorguen. Un claro ejemplo de burocracia y humillación para las y los pobres. Las familias que quieren solicitar las ayudas, tanto para el suministro de agua como para el de luz, tienen que hacer peregrinaciones por todas las instituciones públicas para demostrar que no tienen dinero y que están muy mal… ¿No deberían ser el agua y la luz eléctrica derechos universales? ¿Cuántas familias están en esta situación?

Desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se informa de que el precio del recibo para un hogar “tipo” (potencia contratada de 4, 4 kilovatios y 3000 kilovatios por hora) subió en enero de este año hasta los 65,69 €, frente a los 51,97 € de enero del año pasado, lo que supone 13,7 € más o un 26 % de incremento. Unos precios que han coincidido con una ola de frío que llevó a los termómetros a mínimos históricos. El recibo eléctrico de enero de 2017 refleja así el fuerte incremento vivido en el mercado mayorista (pool) en dicho mes. Estos niveles nos retrotraen al año 2013, con 91,88 € el megavatio-hora para un hogar “tipo” y con horas por encima de los 100 €.

Se ha demostrado ya que las energías renovables son más baratas que las energías sucias (gas, petróleo, carbón) así que, cuando faltan, se nota en el precio mayorista de la electricidad. En estos últimos meses, los recursos eólicos e hidráulicos han faltado, hasta la última ola de frío que ha congelado media Europa, pero la energía fotovoltaica y la solar termoeléctrica están funcionando prácticamente a pleno régimen, según denuncia Greenpeace. Convendría preguntarse entonces el porqué de la subida desorbitada de la luz y entonces. Hay que recordar que desde la última legislatura del PP casi no se instala nueva capacidad de energía solar en el Estado español. Esto hace que no haya suficientes renovables que puedan compensar la reducción de la producción hidráulica y eólica. En España, uno de los países con más sol de nuestro continente, hay muy poca energía solar instalada (4,8 GW), tan solo una cuarta de la existente en Italia (18 GW) y una décima parte de lo que tienen en Alemania (40 GW). ¿Cómo es posible que Alemania se beneficie más del sol que el Estado español? ¿No sería más razonable subvencionar las placas solares para los cientos de edificios que se alzan en nuestras ciudades y en los que viven miles de familias que no tienen la más mínima posibilidad de pagar por una energía que podrían tener más barata y más limpia? Estos gobiernos prefieren sin embargo apostar por seguir manteniendo este sistema energético que da dinero a las empresas energéticas y nos lleva inevitablemente al cambio climático. Han llegado incluso a implantar un impuesto al sol, para que las energías renovables tengan cada vez menos salida.

La situación en el sector de la energía hoy en día no es solo culpa del gobierno de Rajoy, sino que ha sido una política mantenida en el tiempo, desde los años en que la democracia llegó al Estado español. Calvo Sotelo, primer presidente del gobierno de Unión de Centro Democrático (UCD), fue uno de los primeros en utilizar las puertas giratorias al convertirse en consejero de Fenosa. Más tarde, se generalizó la situación y en 2013 saltó la noticia de que al menos 40 expolíticos y allegados ficharon por el sector energético con la crisis energética. Hoy en día sabemos que la mayoría de l@s polític@s que han estado ocupando algún sillón tanto en el gobierno estatal como en los gobiernos autonómicos, terminan utilizando las puertas giratorias y recalando en alguna empresa, en muchos casos del sector de la energía. Felipe González y José María Aznar son los dos nombres más destacados, pero hay más, y de otros partidos, lo que demuestra el poder del lobby de la energía. Y harán todo lo posible para salvar su negocio, aunque con ello muchas familias no puedan si quiera pensar en encender la caldera por miedo a ser desahuciados por generar una deuda inmensa. En esta dirección de internet, se pueden ver los políticos que han entrado en las puertas giratorias:


Entonces ¿cómo podemos luchar de verdad contra la subida de la luz? Con la nacionalización de este sector, porque se ha demostrado que es la única forma de que la luz eléctrica, un logro que ha mejorado la vida de las personas desde el siglo XIX, siga siendo asequible. La nacionalización debe suponer que las empresas energéticas estén al servicio de las usuarias y usuarios, es decir, bajo el control y la supervisión de la ciudadanía a la que va a suministrar. Así pues, comencemos a tomar conciencia y a exigir la nacionalización de las empresas energéticas y, una vez hecho esto, el cambio de modelo energético. Para ello es imprescindible salir a la calle y luchar contra este asqueroso sistema económico que prefiere que muera la gente asfixiada entre velas por no poder pagar, antes que perder dinero.

Juan A. Gilabert

jueves, 9 de marzo de 2017

#18M ANTIRACISTA: DECLARACIÓN DE LA CORRIENTE SOCIALISMO INTERNACIONAL


¡Stop Trump! ¡Aprovechemos las manifestaciones del 18 y el 19 de marzo para construir el movimiento global contra el racismo!

La elección de Donald Trump marcó un giro brusco hacia la derecha en la política de la clase dominante de los países capitalistas más ricos. En la Casa Blanca hay un descarado racista y sexista que promueve el nacionalismo económico y el lema de “America First”, además de tener asesores reaccionarios como Stephen Bannon, quien argumenta que Occidente está en guerra con el mundo islámico. La orden ejecutiva de Trump para prohibir la entrada a EEUU de la ciudadanía de siete países mayoritariamente musulmanes —aunque la hayan frenado los tribunales— señala una nueva ofensiva islamófoba.
Por supuesto, la elección de Trump no es el único indicio del giro hacia la derecha. En Gran Bretaña los conservadores, bajo la batuta de Theresa May, están tratando de imprimir un sello racista y xenófobo al referéndum para abandonar la Unión Europea. Y la amenaza es que las cosas se pondrán peores.
En Francia, Marine Le Pen del partido fascista, el Front National, encabeza las encuestas de las elecciones presidenciales con un programa de rechazo patriótico a la globalización que se hace eco de muchos elementos del discurso de Trump. En Alemania, Alternative für Deutschland arrastra todo el espectro político burgués hacia la derecha y la islamofobia. Geert Wilders trata de lograr lo mismo en los Países Bajos.
Muchos años de racismo institucional, impulsado por gobiernos de centro izquierda y centro derecha, y dirigido contra personas migradas, refugiadas y musulmanas, han ayudado a dar respetabilidad a la nueva derecha.
Las redadas de Trump contra inmigrantes “ilegales” beben de la política de Barack Obama de deportaciones masivas. Los esfuerzos de la UE para construir la Fortaleza Europa a lo largo de los últimos 30 años han dado como fruto la muerte de muchos miles de personas migradas y refugiadas en el Mediterráneo.
Tan grave es la amenaza de la derecha que mucha gente en la izquierda está tentada a formar alianzas con el centro neoliberal, ya desacreditado. Esto lo vemos muy claramente en Estados Unidos, donde el ala corporativa y clintonista del Partido Demócrata intenta dominar la resistencia contra Trump.
Y es verdad que hace falta la unidad más amplia posible para combatir a la derecha. Pero si esto es bajo la forma de alianzas electorales “republicanas” —con los mismos partidos responsables de las políticas económicas neoliberales que han empujado a votantes desilusionados hacia los brazos de Trump, Le Pen y otros similares— su efecto puede ser el de fortalecer a la extrema derecha.
La alternativa reside en las protestas masivas que han surgido desde comienzos de año: las marchas de mujeres en Estados Unidos y en otras partes ante la toma de poder de Trump; las protestas contra su veto a musulmanes; la gran manifestación por la acogida de refugiados en Barcelona el 18 de febrero; la respuesta combativa ante el brutal ataque policial contra el joven trabajador Théo en el suburbio parisino de Aulnay-sous-Bois… Necesitamos un movimiento mundial que construya su poder, no sólo a través de manifestaciones, sino también mediante huelgas, para revertir la ofensiva derechista.
Un paso importante en el desarrollo de este movimiento llega el fin de semana del 18 al 19 de marzo. El sábado 18 de marzo es el Día de Naciones Unidas contra el racismo, que en los últimos años se ha convertido en una jornada internacional de protesta contra el crecimiento de la extrema derecha y del racismo anti-migrante. Muchas más manifestaciones antirracistas están programadas por todo el mundo el 18 al 19 de marzo de este año. Cuanto más grandes y extensas sean, más fuertes serán las bases para las luchas del futuro. Como corriente, nos comprometemos a construir estas protestas de la manera más amplia posible y llamamos a activistas socialistas y antirracistas de todas partes a unirse a nosotros en estos esfuerzos.

Coordinación de la Corriente Socialismo Internacional
internationalsocialists.org



jueves, 2 de marzo de 2017

Universidad de Sevilla “Fuera machistas de nuestras aulas”



La respuesta ante el acoso de cualquier tipo en nuestras universidades debe ser la movilización unánime y unitaria de todos los colectivos de la comunidad educativa: estudiantes, profesores y PAS.


El Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla ha condenado a siete años de cárcel y al pago de 110.000 € al catedrático Santiago Romero Granados de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla (US), que en su día fue decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, por abusos sexuales y acoso laboral a tres profesoras entre los años 2006 y 2010. Una sentencia que llega tarde debido a la lentitud del sistema judicial y que se queda corta para todo el daño que ha causado a estas mujeres y a la Universidad Pública.
El acusado, según han declarado las víctimas, las amenazaba con perder el puesto de trabajo, las increpaba en los pasillos, las menospreciaba por ser mujeres, cuestionaba a menudo la profesionalidad de éstas, las coaccionaba para que firmaran con su nombre los trabajos o publicaciones que desarrollaban haciendo alarde siempre de su condición de superioridad dentro de la Universidad. Y a todo esto se sumaban abusos sexuales continuados que han provocado daños psicológicos graves a una de las víctimas.
A raíz de que se hiciera pública la sentencia, el catedrático tiene prohibida la entrada a la Facultad de Ciencias de La Educación, donde seguía dando clases, aunque podría volver, ya que el expediente disciplinario es temporal y no podrá exceder de seis meses. Tampoco se le privará de la totalidad de su sueldo, seguirá percibiendo el 75% del salario base.
Los hechos fueron denunciados por las tres víctimas durante el curso académico 2010/2011 al entonces rector de la US Joaquín Luque y al resto del equipo de Gobierno de la Universidad Hispalense del que formaba parte el que hoy es el rector Miguel Ángel Castro. Tanto las tres profesoras denunciantes, como la sección sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en la US, exigieron la suspensión cautelar del abusador como medida preventiva para que no siguieran los abusos y las tres denunciantes pudieran desarrollar su trabajado en condiciones dignas. Sin embargo, el equipo de Gobierno de la US ignoró esta exigencia de las denunciantes y el SAT, anteponiendo siempre “la verdad” del abusador. Las medidas cautelares adoptadas por la US fueron totalmente insuficientes, y dos de las tres denunciantes tuvieron que abandonar la US.
A raíz de las denuncias de las tres profesoras y la presión del SAT y de la comunidad universitaria en varias movilizaciones, la US puso en marcha un nuevo protocolo de lucha contra acosos y abusos que antes no existía. Ahora, el equipo de Gobierno vuelve a plantarse la modificación de este protocolo al reconocer sus deficiencias, que ya fueron denunciadas públicamente por el SAT durante el debate de su aprobación. Lo que ocurre en la US no es un caso aislado. Un estudio de la EPA, realizado en 2014, señalaba que un 62% de las mujeres que cursan estudios universitarios sufren acoso en el Estado español, Esto es producto de la mala gestión de los servicios públicos, en este caso de las universidades, donde prima una fuerte jerarquización en la gestión y el desarrollo del trabajo académico, y donde el machismo está muy presente. Sólo un 14% de mujeres son catedráticas y sólo 4 mujeres ejercen de rectoras, aunque se licencien un 40% de hombres y con peores resultados académicos que las mujeres.
Aunque las mujeres tienen más posibilidades de sufrir abusos/acosos, ya sean laborales y/o sexuales, debido al machismo existente en nuestra sociedad, los trabajadores hombres también están expuestos a abusos. De hecho, los accidentes laborales han aumentado a raíz de la última reforma laboral y, con ellos, también los abusos en los centros de trabajo. La precariedad laboral es caldo de cultivo para abusos de todo tipo.
La problemática de los acosos/abusos en los centros de trabajo debe salir al debate público como lo ha hecho el tema de la violencia machista. Deben ponerse todos los medios necesarios para luchar contra esta lacra social, apoyando a las personas denunciantes desde el inicio con una política de tolerancia cero frente a los abusos. Sin embargo, sabemos que los gobiernos actuales, ya sean del PSOE o del PP, o sus amigos rectores en las universidades, no van a enfrentarse al status quo que se aprovecha de estos abusos para ejercer su poder.
La lucha contra los acosos y abusos en los centros de trabajo debe, por tanto, ser una lucha colectiva de apoyo mutuo y solidaridad de las y los trabajadoras/es. Ha de ser, sin duda, una prioridad para los sindicatos combativos de clase. “Nos tocan a una, nos tocan a todas”.
Desde el Colectivo Acción Anticapitalista mostramos nuestro apoyo a las tres denunciantes de abusos en la US y nuestra total repulsa al catedrático abusador y al equipo de Gobierno de esta Universidad por no haberse alineado con las trabajadoras denunciantes desde el inicio.
Hay muchas cosas que mejorar en las universidades públicas, desde el modelo de su gestión, que no es nada democrático (especialmente en la US donde el rector no es elegido por sufragio universal como en las demás universidades públicas), hasta la orientación de la docencia y la investigación (que cada vez está más al servicio de intereses particulares y no de la mayoría de la sociedad). Hace falta una revolución en la Universidad.
Por una Universidad pública libre de acosos/abusos, laica, feminista, y de clase trabajadora al servicio de la sociedad, y no de las empresas privadas y sus compinches académicos abusadores.

Emérita Calvo Navarro

miércoles, 1 de marzo de 2017

Su crisis que la paguen los capitalistas



                                                                
El estallido de la crisis financiera en 2008, que desencadenó la quiebra de diversas cajas de ahorro, ha llevado a la cárcel a varios banqueros hace un mes. Hasta ahora únicamente Blesa, de Caja Madrid, estuvo quince días en la cárcel en 2014 por irregularidades en la compra de un banco en Florida, episodio que acabó con el banquero en libertad y el juez Elpidio Silva, que lo enjuició, inhabilitado.
El que ningún banquero hubiera entrado en prisión por la gestión fraudulenta de las cajas de ahorros, se debía básicamente a dos motivos: porque el sistema está diseñado para proteger a los políticos y a los que están detrás (no olvidemos que las cajas de ahorros estaban dirigidas en su mayor parte por políticos o expolíticos), y porque estas fechorías se cometieron con el conocimiento —como mínimo— de los supervisores, sobre todo el Banco de España (BdE) y en algunos casos la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El arresto e ingreso en prisión de la cúpula de la antigua Novacaixagalicia marca, como decimos, un hito histórico en España: se trata de los primeros responsables de la quiebra y de la apropiación de los recursos de las cajas de ahorros que van a la cárcel. Fueron condenados en octubre de 2015 a dos años de prisión por administración desleal al apropiarse de 22 millones entre planes de pensiones y astronómicas indemnizaciones por despido cuando la entidad ya había recibido la primera de las tres inyecciones de dinero público que fueron necesarias para salvarla por la gestión que realizaron, que en total ascendió a 1.162 millones de euros. En este caso, la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó la suspensión de condena que habitualmente concede para las penas inferiores a dos años cuando no se tienen antecedentes penales. La razón de esta decisión es la especial gravedad de los hechos ya que la entidad —que se fusionó por decisión política, impulsada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo—, quebró produciendo un quebranto a los contribuyentes de 8.269 millones de euros y de 511 millones a los bancos a través del Fondo de Garantía de Depósitos, según los datos del Tribunal de Cuentas. Resultó extraño, para quienes piensan que el actual sistema judicial funciona correctamente, que la Fiscalía Anticorrupción rebajara de seis a tres años la petición de condena, sobre todo porque el escrito de acusación era contundente.
Previamente, el caso había llegado hasta el Supremo. El alto tribunal decidió el pasado mes de septiembre no variar las penas a pesar de considerarlas “desproporcionadas”, pero no por su exceso, “sino claramente por su exigüidad desde la perspectiva de la gravedad de las conductas”. No obstante, la Sala de lo Penal no pudo incrementarlas porque ninguna de las partes reclamó la revisión al alza de la sentencia. Ante esta situación, los condenó a dos años. Esta decisión llegó poco después de que el magistrado conservador de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, José Manuel Maza, fuese nombrado fiscal general del Estado.
Lo ocurrido con esta crisis no ha sido un fenómeno neutral. Entre 1996 y 2010, bancos y cajas cosecharon la friolera de 169.281 millones de euros de beneficios.  Con el estallido de la crisis, las entidades financieras, sobre todo las cajas, recibieron 94.755 millones de euros en ayudas directas de capital. Bancos y cajas percibieron, por otra parte, financiación privilegiada del Banco Central Europeo (BCE) a menos del 1%, que en el caso de los españoles llegó a alcanzar los 378.000 millones de euros, además de un trato fiscal excepcionalmente favorable. Todo esto supuso el engaño, el desfalco y el robo de la banca a todos y todas las ciudadanas y a las usuarias con la complicidad del gobierno.
Con la llegada de la crisis, iniciada en 2007 y agravada en 2008, los bancos y, sobre todo, las cajas, precisaron aún más capital para taponar sus crecientes pérdidas consecuencia fundamentalmente de inversiones temerarias, especialmente en el sector inmobiliario, con operaciones altamente especulativas basadas en la adquisición de suelo. La paradoja es que las cajas, que habían tenido unas raíces más sociales por su origen fundacional, se convirtieron en las instituciones más opacas, con un poder cada vez más absoluto en manos de unas cúpulas directivas en las que la casta política tenía gran peso.  En esta coyuntura, la actuación del Banco de España fue determinante
para que las entidades financieras colocaran masivamente las participaciones preferentes entre sus clientes para capitalizarse.
La desinformación y el engaño a que se han visto sometidos los y las usuarias han permitido múltiples desmanes y estafas como han sido las ya citadas preferentes, las cláusulas suelo, los swaps o permutas financieras, los intereses de demora desmedidos y los especialmente graves desahucios domiciliarios. La letra pequeña de los contratos y la mentira ha sido un instrumento que ha jugado siempre en contra de la gente trabajadora. Por ejemplo, cuando los bancos tuvieron conocimiento de que bajarían los tipos de interés corrieron a poner cláusulas suelo en las hipotecas para protegerse de este fenómeno, que conocían por informes oficiales, pero que eran completamente desconocidos por los ciudadanos. Se trataba de cubrir las pérdidas de sus insensatas inversiones realizadas con la única lógica del máximo beneficio y el robo del dinero adjudicándose elevados sueldos y pensiones.
En esto días va a debatirse en el Congreso sobre la constitución de una comisión de investigación parlamentaria sobre Bankia y las cajas, a raíz de una solicitud presentada por Unidos Podemos y Compromis a mediados de enero. Se trata de investigar la crisis financiera y el rescate de las cajas de ahorros, incluida Bankia, para depurar responsabilidades políticas en dicha crisis y en el posterior rescate de las cajas. Dicho rescate ha generado una deuda pública desorbitada que estamos pagando tod@s l@s contribuyentes. Esto no es sino una forma más de robarnos el dinero que debería destinarse a servicios públicos, mientras recortan y privatizan. Nos negamos a pagar la deuda, porque son los capitalistas quienes tienen que pagar su crisis, y tenemos que seguir luchando para que así sea.

Las protestas dan sus frutos

Cuando en otoño de 2011 se produjo el bloqueo de las preferentes (corralito), la noticia se propagó poco a poco por todo el país y a principios de 2012 estalló una oleada de manifestaciones y encierros en ayuntamientos, que en algunos casos se prolongaron durante seis meses. De manera totalmente improvisada se organizaron y multiplicaron sus acciones. Las protestas de l@s afectad@s por preferentes, junto a las realizadas por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), han constituido un tipo de movilizaciones que sintonizan fuertemente con las nuevas sensibilidades políticas nacidas a raíz del 15M, movimiento en el que surgieron ya muchos de estos colectivos de lucha por la vivienda.
La extensión de estas protestas forzó a los gobiernos de Galicia y Catalunya y al ejecutivo de Madrid a buscar algún tipo de solución para rebajar la explosiva tensión social. La respuesta fue establecer un sistema de arbitraje para facilitar la devolución del dinero a los casos más sangrantes. Aunque el arbitraje estuvo manejado y realizado a gusto de los bancos, a través de los consultores que habían contratado, permitió a casi 300.000 afectados recuperar su dinero.
Por otra parte, unas de las consecuencias más notables de estas movilizaciones fue que visibilizaron el tipo de víctimas y ejercieron presión sobre jueces y magistrados, forzándoles a superar las reticencias históricas a condenar a la banca. Primero fueron los juzgados de Primera Instancia, después las audiencias provinciales y finalmente el Tribunal Supremo los que adoptaron una nueva posición ante los hechos.
Y ahora el precedente sentado por la Audiencia Nacional se puede aplicar a muchos más casos y abre el camino a que otros muchos consejeros y directivos de cajas de ahorros acaben también entre rejas, incluyendo a los exvicepresidentes de los Gobiernos del PP y del PSOE Rodrigo Rato y Narcís Serra. Según algunas estimaciones, hay unos 300 exconsejeros y directivos imputados y 20 han sido condenados, pero hasta ahora ninguno había pisado la cárcel.
Sin embargo, sabemos que el sistema judicial es parte de un Estado montado por los de arriba para los de arriba, en el que los ricos no van a la cárcel y, en las raras ocasiones en que lo hacen, están allí poco tiempo. Y es que la clase dirigente burguesa puede pagar a los mejores abogados, chantajear a policías, jueces, políticos y fiscales, pagar las fianzas millonarias y presionar a los políticos a su servicio.
Tenemos más muestras de que la lucha sirve, como la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas suelo, de la que nos hacemos eco en este mismo boletín en una entrevista a afectd@s.
Como se grita en las calles: “¡Tenemos la solución, los banqueros a prisión!” pero ese eslogan del 15M que tan vigente sigue hoy sólo podrá concretarse y materializarse mediante movilizaciones colectivas que metan entre rejas a los banqueros ambiciosos que se han enriquecido a base de robar el dinero de todos y todas, al tiempo que revolucionan el sistema.
Lola Segura