La respuesta ante el acoso de cualquier tipo en nuestras universidades debe ser la movilización unánime y unitaria de todos los colectivos de la comunidad educativa: estudiantes, profesores y PAS.
El Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla ha condenado a siete años de cárcel y al pago de 110.000 € al catedrático Santiago Romero Granados de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla (US), que en su día fue decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, por abusos sexuales y acoso laboral a tres profesoras entre los años 2006 y 2010. Una sentencia que llega tarde debido a la lentitud del sistema judicial y que se queda corta para todo el daño que ha causado a estas mujeres y a la Universidad Pública.
El acusado, según han declarado las víctimas, las amenazaba con perder el puesto de trabajo, las increpaba en los pasillos, las menospreciaba por ser mujeres, cuestionaba a menudo la profesionalidad de éstas, las coaccionaba para que firmaran con su nombre los trabajos o publicaciones que desarrollaban haciendo alarde siempre de su condición de superioridad dentro de la Universidad. Y a todo esto se sumaban abusos sexuales continuados que han provocado daños psicológicos graves a una de las víctimas.
A raíz de que se hiciera pública la sentencia, el catedrático tiene prohibida la entrada a la Facultad de Ciencias de La Educación, donde seguía dando clases, aunque podría volver, ya que el expediente disciplinario es temporal y no podrá exceder de seis meses. Tampoco se le privará de la totalidad de su sueldo, seguirá percibiendo el 75% del salario base.
Los hechos fueron denunciados por las tres víctimas durante el curso académico 2010/2011 al entonces rector de la US Joaquín Luque y al resto del equipo de Gobierno de la Universidad Hispalense del que formaba parte el que hoy es el rector Miguel Ángel Castro. Tanto las tres profesoras denunciantes, como la sección sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en la US, exigieron la suspensión cautelar del abusador como medida preventiva para que no siguieran los abusos y las tres denunciantes pudieran desarrollar su trabajado en condiciones dignas. Sin embargo, el equipo de Gobierno de la US ignoró esta exigencia de las denunciantes y el SAT, anteponiendo siempre “la verdad” del abusador. Las medidas cautelares adoptadas por la US fueron totalmente insuficientes, y dos de las tres denunciantes tuvieron que abandonar la US.
A raíz de las denuncias de las tres profesoras y la presión del SAT y de la comunidad universitaria en varias movilizaciones, la US puso en marcha un nuevo protocolo de lucha contra acosos y abusos que antes no existía. Ahora, el equipo de Gobierno vuelve a plantarse la modificación de este protocolo al reconocer sus deficiencias, que ya fueron denunciadas públicamente por el SAT durante el debate de su aprobación. Lo que ocurre en la US no es un caso aislado. Un estudio de la EPA, realizado en 2014, señalaba que un 62% de las mujeres que cursan estudios universitarios sufren acoso en el Estado español, Esto es producto de la mala gestión de los servicios públicos, en este caso de las universidades, donde prima una fuerte jerarquización en la gestión y el desarrollo del trabajo académico, y donde el machismo está muy presente. Sólo un 14% de mujeres son catedráticas y sólo 4 mujeres ejercen de rectoras, aunque se licencien un 40% de hombres y con peores resultados académicos que las mujeres.
Aunque las mujeres tienen más posibilidades de sufrir abusos/acosos, ya sean laborales y/o sexuales, debido al machismo existente en nuestra sociedad, los trabajadores hombres también están expuestos a abusos. De hecho, los accidentes laborales han aumentado a raíz de la última reforma laboral y, con ellos, también los abusos en los centros de trabajo. La precariedad laboral es caldo de cultivo para abusos de todo tipo.
La problemática de los acosos/abusos en los centros de trabajo debe salir al debate público como lo ha hecho el tema de la violencia machista. Deben ponerse todos los medios necesarios para luchar contra esta lacra social, apoyando a las personas denunciantes desde el inicio con una política de tolerancia cero frente a los abusos. Sin embargo, sabemos que los gobiernos actuales, ya sean del PSOE o del PP, o sus amigos rectores en las universidades, no van a enfrentarse al status quo que se aprovecha de estos abusos para ejercer su poder.
La lucha contra los acosos y abusos en los centros de trabajo debe, por tanto, ser una lucha colectiva de apoyo mutuo y solidaridad de las y los trabajadoras/es. Ha de ser, sin duda, una prioridad para los sindicatos combativos de clase. “Nos tocan a una, nos tocan a todas”.
Desde el Colectivo Acción Anticapitalista mostramos nuestro apoyo a las tres denunciantes de abusos en la US y nuestra total repulsa al catedrático abusador y al equipo de Gobierno de esta Universidad por no haberse alineado con las trabajadoras denunciantes desde el inicio.
Hay muchas cosas que mejorar en las universidades públicas, desde el modelo de su gestión, que no es nada democrático (especialmente en la US donde el rector no es elegido por sufragio universal como en las demás universidades públicas), hasta la orientación de la docencia y la investigación (que cada vez está más al servicio de intereses particulares y no de la mayoría de la sociedad). Hace falta una revolución en la Universidad.
Por una Universidad pública libre de acosos/abusos, laica, feminista, y de clase trabajadora al servicio de la sociedad, y no de las empresas privadas y sus compinches académicos abusadores.
Emérita Calvo Navarro
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