Por desgracia Doñana es noticia por el terrible incendio declarado el pasado sábado que ha afectado al parque natural. Pero el fuego no es la única amenaza a la que se enfrenta Doñana, en este artículo de nuestro nuevo boletín podemos ver los distintos proyectos que pueden acabar con este Espacio Natural.
“La
división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan
en ganar y otros en perder”. En esta división internacional a Andalucía le ha
tocado perder. No son causas naturales las que le han adjudicado a nuestra
tierra el papel de perdedora, son las políticas que han sido aplicadas desde
dentro y desde fuera de nuestra comunidad las que han adjudicado dichos
papeles. Como en Latinoamérica, en Andalucía, tras casi dos siglos de
extractivismo, nuestras venas siguen abiertas y sangrando.
Desde los gobiernos de la Junta de Andalucía se ha apostado por un
modelo productivo, basado, primero en el turismo masivo que para poder ser
competitivo en un mercado global necesita una mano de obra barata, cuando no
explotada, el apoyo de los procesos de gentrificación de nuestros núcleos
urbanos para deshumanizarlos y poner-los al servicio del turismo global y la
destrucción de nuestras costas con un urbanismo insostenible. En segundo
lugar por una agricultura intensiva
basada en un mercado de distribución controlado por un oligopolio que para
poder maximizar los márgenes y los beneficios necesita usar una mano de obra
casi medio esclava que ha convertido el trabajo a destajo en algo habitual y
por último un extractivismo, no ya típico del modelo del siglo pasado, sino
del propio siglo XIX, donde las multinacionales extranjeras vienen a nuestra
tierra a explotar nues-tros recursos a
costa de nuestro medio ambiente, nuestra salud y bienestar.
Pero ¿qué entendemos por extractivismo? En su sentido estricto, lo
podemos definir como la apropiación de grandes volúmenes de recursos mineros y
energéticos, mediante proce-sos intensivos, por ejemplo megaminas a cielo
abierto o procesos de extracción de gas no convencionales, dedicándose gran
parte de los recursos a la exportación y sacrificando el medio ambiente, todo
ello a cambio de los beneficios del Capital e implicando una subor-dinación a
la globalización internacional, como bien ha señalado el ecólogo uruguayo
Eduardo Gudynas.
A principios de esta década los gobiernos del PSOE-A apostaron por
la explotación de todos los recursos minerales y energéticos del subsuelo de
Andalucía, apuesta que se ha visto impulsada con el acuerdo de investidura con
Ciudadanos. Dicho acuerdo ha conllevado la aprobación un plan minero que ha
sacado a subasta centenas de cuadrículas mineras para su investigación y su
posterior posible explotación. También se ha apostado por la reapertura de la
mina de Aznalcollar (Sevilla), en un procedimiento de adjudicación que se
encuentra bajo sospecha,que está siendo investigado por la justicia yque además
ha acarreado la imputación de la Directora General de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas. La beneficiaria de la adjudicación es una
empresaacusada penalmente y denunciada por organizaciones defensoras de los
derechos humanos y labora-les de México por sus constantes violaciones a los
derechos de los trabajadores, de las comunidades y de la salud de las personas.
A principios de esta década sufrimos un boom de proyectos de
investigación de hidrocarburos tanto en el subsuelo terrestre como en el
marino en todo el Estado Español. Anda-lucía no ha sido ajena a este proceso
cuando los precios del petróleo superaban los 100$ por barril y a la ola de la
técnica no convencional del fracking que hacía furor en los Estados Unidos.
Ejemplos de esos proyectos no faltan en Andalucía, desde el PENÉLOPE y
PENÉLOPE ESTE en la provincia de Sevilla, LOLA en Córdoba, ULISES en la
provincia de Jaén o SIROCO en la Costa de Málaga, todos o impulsados desde el
gobierno andaluz o con su beneplácito implícito.
Ahora la Junta de Andalucía de la mano de la Dirección Provincial
de Industria, Energía y Minas vuelve a la carga con el extractivismo con la
concesión de un nuevo proyecto de investigación de recursos mineros, el
proyecto SALOMÉ, en los términos sevillanos de Gerena, Sanlúcar la Mayor y
Olivares, afectando de lleno al río Guadiamar, el río de la vida de Doñana. La
zona del río Guadiamar afectada por dicho proyecto de investigación de recursos
mineros posiblemente sea la de mayor valor ecológico, situado aguas arribas del
tramo afectado por la rotura de la balsa del Aznalcollar en 1998. El tramo de
río afectado fue declarado mediante el decreto 1/2015 de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio Zona Especial Conservación. Las Zonas de Especial Conservación (ZEC)
son designadas por la Comisión Europea a partir de una propuesta de Lugares de Interés Comunitario (LIC) elaborados
por los Estados miembros a partir de los criterios establecidos en la Directiva Hábitats al poseer
especies animales o vegetales amenazados o representativos de un determinado
ecosistema.
La beneficiaria del proyecto de investigación SALOMÉ es la
multinacional Cobre las Cruces, participada en su totalidad por la
CanadienseFrist Quantum, quién también explota a pocos kilómetros, entre los municipios
sevillanos de Gerena, Salteras y Olivares una de las mayores minas a cielo
abierto de mineral de cobre en Europa. Cobre las Cruces carga a sus espaldas ya
un largo historial de accidentes y condenas judiciales, entre las que podemos
citar la reciente del pasado mes de septiembre mediante la cual tres ex
directivos de la empresa minera fueron condenados por la Audiencia Provincial
de Sevilla por incumplir sistemáticamente las autorizaciones, sobre-explotando
y contaminando con arsénico el acuífero Niebla–Posadas, que atraviesa la mina y
que entonces abastecía de agua potable a la población de Gerena. Pese a la
condena, Cobre las Cruces ha seguido sobre-explotando el acuífero
Niebla-Posadas y por ello el pasado mes de mayo el Juzgado de Instrucción nº3
de Sevilla ha decido ampliar la instrucción sobre el abuso del acuífero. Todo
esto no se podría haber ejecutado sin el aval político del gobierno de Manuel
Chaves y posteriormente del gobierno de Susana Díaz, como si no explicar que
tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo de anulación de la resolución
de reactivación de la actividad minera en el 2009 siga explotando la mina. Es a
este tipo de empresas poderosas a las que se les permite explotar nuestro
subsuelo, llevarse nuestros recursos, dañar gravemente nuestro medio ambiente
e hipotecar nuestro futuro.
No todo vale para justificar la creación de empleo, tampoco poner
nuestro entorno natural a los pies de los caballos. Es un discurso recurrente
en todo el espectro político, desde la derecha, hasta la izquierda tradicional
incluso en algunas de las nuevas fuerzas emergentes. La realidad es que dichos
proyectos mineros tienden a crear “islas aisladas de riqueza” que no
transcienden a sus zonas de influencia. Gerena, el municipio sevillano más afecta-do
por el mega-proyecto de Cobre las Cruces y el futuro proyecto SALOMÉ mantiene
tasas de desempleo registrado en torno al 30% de su población pese a contar con
dichos proyectos. Además, parte del empleo generado es a través del sistema de
la subcontratación de prestaciones y servicios, que conlleva una vuelta de
tuerca más en la precarización de los puestos de trabajo. Existen alternativas
para la creación de empleos estables y medio ambientalmente sostenibles y
recursos económicos para ello. Cobre las Cruces ha recibido más de 53 millones
en ayudas públicas para su instalación, con todos esos millones se podría haber
financiado un plan de empleo sostenible medioambiental para toda la comarca y
hacer frente a su desempleo crónico.
Urge la movilización, aún estamos a tiempo de parar dichos
proyectos. Ha habido intentos de organización de movimientos ciudadanos y
vecinales, la lucha, incluso medioambiental, es el único camino.
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