Las muchas
agresiones a la Sanidad Pública, que de forma larvada la socavan desde hace
mucho tiempo, alcanzaron en Granada niveles máximos pues, con la justificación
siempre utilizada de una mejor gestión de los recursos, se pretendía disminuir
los recursos hospitalarios, ya de por sí insuficientes, mediante la fusión de
sus hospitales. La sanidad pública española ha estado entre las mejores del
mundo, según todos los evaluadores externos, pero muchas de las usuarias y
usuarios no son conscientes de ello porque siempre resaltan más sus carencias y
fallos que, lógicamente, siempre los ha habido. La sanidad pública es una
conquista de la clase trabajadora y ha sido tan eficaz que ha llegado a
minimizar al sector privado, que en gran parte ha parasitado siempre al
público. Sin embargo, en los últimos tiempos la expansión de la atención
privada crece sin cesar y con unas características diferentes al pasado, pues
sus propietarios son grandes inversores extranjeros y nacionales que han
trasladado su capital desde el sector de la construcción tras el hundimiento de
éste; muchos de los profesionales sanitarios son en estas grandes empresas asalariados
mal remunerados. ¿Qué está sucediendo para este cambio en algo tan fundamental
como la asistencia sanitaria, que se está convirtiendo en un negocio para unos
pocos?
Desde 2007, con la crisis
económica y la explosión de la burbuja inmobiliaria, la desigualdad ha aumentado
porque la crisis la estamos pagando las y los de abajo con el aumento en la
precarización del empleo y la caída de los salarios. A este retroceso se está
sumando un gran salto en el deterioro de los servicios públicos por los
recortes presupuestarios ocasionados por la priorización de la deuda,
fuertemente incrementada por el rescate bancario, y los objetivos de déficit
impuestos por la Comisión Europea y aceptados por los partidos del
bipartidismo.
Ya desde 1997, año en
el que el PSOE aprobó, con el apoyo de toda la derecha, la ley “Sobre
habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud”, la
sanidad pública está siendo privatizada y se desangra gota a gota en una
hemorragia oculta que no provoca la reacción de l@s usuari@s y hasta pasa
desapercibida. Solo se manifiesta en quejas “había mucha gente en el médico”,
“me ha visto muy rápido”, “no me manda al especialista”, “no voy a poder pagar
la medicina”, “me han citado para dentro de un año”, “en rehabilitación me han
dado una tabla de ejercicios para hacerlos en casa”, “me dijeron que me
llamarían para operarme pero ha pasado más de un año”, “se me pasa la edad para
reproducción asistida”, … El acto sanitario es individual y confidencial y
esto, junto a la barrera de comunicación entre usuari@s y profesionales, hace
que las deficiencias parezcan personales y producto de “la mala suerte” o
incluso culpa del profesional que nos atiende. No hay conciencia de que el
problema es general y es la consecuencia de la degradación del sistema por el
estrangulamiento en su financiación y el desvío de recursos, por múltiples
mecanismos, al sector privado (1).
Lo primero en ser
privatizado en muchos hospitales fueron los servicios de mantenimiento, hostelería
y limpieza, que se consideraron “no sanitarios” olvidando que la
Organización Mundial de la Salud dice que “la salud es un estado de completo
bienestar físico, mental y social”. Un hospital es un gran equipo y esas
compañeras y compañeros son fundamentales para el bienestar del paciente y para
el correcto funcionamiento del conjunto. Estos trabajos fueron contratados con
grandes empresas y la pregunta evidente es: si esas empresas sacan grandes beneficios,
¿cómo se ahorra con su contratación? No es cierto el ahorro que lo justifica y
lo que se presenta como una mejora de gestión no es más que lo que están
haciendo las grandes empresas con la contratación y subcontratación: rebajar
los derechos de las trabajadoras y trabajadores, rebajar sus salarios y precarizar
sus contratos. Esta privatización ha reducido la plantilla y ha significado una
división más de l@s trabajador@s de los hospitales, debilitando sus luchas.
Como trabajador sanitario en un gran hospital he vivido la penosa situación de
una cafetería de personal donde la plantilla desayunaba indiferente a la enorme
tensión de quienes estaban tras la barra en una negociación de convenio en la
que la empresa atacaba fuertemente sus derechos. Esto es posible porque, a
pesar de la camaradería, muchos de l@s trabajador@s de la sanidad se muestran,
en lo laboral, profundamente insolidarios. Desde hace tiempo los diferentes
estamentos se han centrado en reivindicaciones de sus derechos de grupo, a través
de sus sindicatos corporativos, pero no se movilizan unidos por las condiciones
de trabajo o incluso por la pérdida general de poder adquisitivo. Todavía en el
sector sanitario abundan quienes se sienten “profesionales liberales”, sin concienciarse
de que son trabajador@s asalariad@s. Incluso dentro de un
mismo estamento el “divide y vencerás” ha triunfado y muchos se acomodan con
pequeños privilegios personales o ven con indiferencia, desde la comodidad de
un puesto en la plantilla, los abusos que se cometen sobre las contratadas y
contratados, sin movilizarse en su defensa. Son much@s l@s que se sienten
“clase media” sin concienciarse de que son clase trabajadora y de que, a pesar
de su sueldo fijo a fin de mes en estos tiempos difíciles, están perdiendo
derechos ell@s y el conjunto de la sociedad. En este contexto, las burocracias
sindicales funcionan como gestorías, sin intentar enfrentar los recortes mediante la movilización y sin capacidad real
de ésta cuando lo intentan; he ido a asambleas del hospital convocadas por CCOO
por importantes problemas donde acudíamos cinco personas. Conociendo este
sustrato, hay que valorar que en la manifestación de la Marea Blanca del pasado
15 de enero en Sevilla la participación de profesionales de la sanidad pública
fue bastante masiva, y de todos los estamentos. La cuesta abajo por la que cae
la sanidad pública ha abierto muchos ojos, y l@s sanitari@s empiezan a rebelarse
contra las agresiones a sus condiciones de trabajo y a la calidad de lo que
pueden hacer con los medios cada vez más reducidos de que disponen.
Pero
si se privatiza el mantenimiento ¿por qué no hacerlo con otras parcelas del
hospital? Y eso es, en efecto, lo que se está haciendo mediante lo que llaman
“externalización”, que no es otra cosa que contratar con la privada lo que
debería hacerse en la pública. Al externalizar los servicios se reduce la
plantilla y se dotan menos recursos, debilitando el sistema, mientras se
enriquece a la privada, a la que se envían exploraciones radiológicas, análisis
o intervenciones quirúrgicas. La Junta de Andalucía cada vez utiliza más este
sistema, y los conciertos con clínicas privadas, mientras mantiene cerrados
hospitales como el comarcal de Morón o el antiguo Hospital Militar o realiza
“fusiones” de hospitales y centros de salud.
Pero,
además, en la práctica no hay peor privatización que la que se realiza de forma
larvada por dejación de funciones, y eso es lo que estamos viviendo en
Andalucía. Dificultar, o retrasar, el acceso al especialista o a las
intervenciones quirúrgicas de tal manera que el o la paciente, si tiene medios
económicos, acude a la medicina privada o se ve obligado a contratar un seguro
de asistencia sanitaria. La medicina pública evoluciona así hacia una medicina
para pobres que se resiente en su calidad mientras en la práctica pierde su
universalidad. Se trata de reducir las listas de espera por abandono de quienes
no pueden resistir más. El malestar que se genera se combate fundamentalmente
con un gasto enorme en propaganda en los medios afines e incluso en los
objetivos de l@s profesionales para la productividad se incentiva “la
generación de noticias”.
Es
en este contexto de degradación progresiva en el que surge la movilización de
la Marea Blanca en Granada, porque la hemorragia gota a gota en el sistema
amenaza ya con desangrarlo, y el salto en los recortes de los medios
asistenciales ha sido en esta ocasión demasiado brutal para provocar, como
hasta ahora, una reacción de “baja intensidad”. Ha contado además con algo
fundamental en esta lucha: la existencia de profesionales de la sanidad
comprometidos que han superado la barrera de comunicación con l@s usuari@s. La
fuerza de la movilización en Granada ha sido la existencia de un objetivo
concreto, muy visible y defendido por todas y todos: no a los recortes hospitalarios
mediante el proceso de fusión hospitalaria. El triunfo de la reivindicación
demuestra que es posible cambiar las cosas y frenar los recortes con la
movilización de usuari@s y profesionales unid@s; lo más importante no es que
hayan cesado gestores que encabezaban los recortes, que serán sustituidos por
otros que aplicarán políticas parecidas, sino que se ha conseguido tumbar una
ley que avanzaba en los recortes en detrimento de la asistencia.
Esa es una tarea
pendiente de la Marea Blanca en el resto de provincias. No basta con una
reivindicación difusa “contra los recortes” o “en defensa de la sanidad
pública”, en la que cabe todo y en la que es posible ver a políticos cínicos
que están “por la mejora de la gestión” cuando privatizan o cierran las puertas
de la sanidad a los emigrantes. Es imprescindible dejar claro qué sanidad
pública defendemos y concretar una tabla de reivindicaciones en su defensa.
Entre ellas pueden estar:
- Derogación de la Ley 15/1997, de 25 de
abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de
Salud.
-
Atención sanitaria completa para tod@s. L@s inmigrantes deben
tener pleno derecho a la misma, cualquiera que sea su situación legal en el
Estado español.
- Recuperación de
las plantillas de antes de los recortes reponiendo las plazas amortizadas. Estas
deben ser cubiertas con oposiciones y no con contratos eventuales como está
ocurriendo en la actualidad. El objetivo debe ser llegar a lo recomendado por
la OMS para la tasa de profesionales y en ningún caso debe ser inferior al de
otras comunidades autónomas, pues Andalucía se encuentra a la cola en número de
efectivos médicos y enfermeros por cada 100.000 habitantes.
- Apertura total de
los hospitales cerrados o infrautilizados con especial dedicación a la actividad
quirúrgica y a la geriatría.
- Reapertura de los
Centros de Salud cerrados mediante “fusión” con otros, fusiones
que en la práctica han significado una reducción del número de profesionales y
una masificación aún mayor de las consultas de primaria.
- Reapertura de
servicios de urgencia, cuyo cierre está saturando aún más las urgencias
hospitalarias. Dimensionamiento adecuado de éstas para
acabar de una vez con las deficientes condiciones asistenciales. El uso
adecuado de las urgencias hospitalarias se consigue trabajando en Educación
Sanitaria y atendiendo adecuadamente en la primaria, no culpabilizando a l@s
pacientes.
- Dimensionamiento
adecuado de las asistencias psicológica, psiquiátrica y geriátrica
- Trasparencia de
los objetivos de productividad de l@s profesionales, revisando aquellos que priorizan
lo económico sobre lo asistencial, como los límites de citas a los
especialistas. El incentivo económico de productividad se
está utilizando cada vez más para convertir a l@s profesionales en gestores de
los recortes. Lo que inicialmente era una racionalización del gasto y una buena
administración de los recursos se ha convertido en una forma de presión que
condiciona el libre ejercicio y contribuye a restricciones en el uso de los
recursos.
- Transparencia en
las listas de espera, cesando su manipulación, registrando a
l@s pacientes desde el primer momento en que son indicadas las intervenciones.
Cumplimiento de los plazos previstos y establecimiento de estos plazos en los
procesos que no los tienen definidos.
- Revisión del
modelo de las Unidades de Gestión Clínicas, que obliga a los
profesionales a ser gestores económicos.
- Revisión y cese de
la gestión privada de lo público mediante empresas públicas, que
sirven para eliminar derechos de l@s profesionales, facilitar el acceso a las
plazas sin garantías de igualdad y evitar controles administrativos legales.
- Supresión del
copago de medicamentos.
- Adecuación de los
recursos para evitar el desvío asistencial sistemático a la privada.
- Revisión y cesión
de la gestión a empresas privadas de los hospitales públicos.
- Participación real
de l@s usuari@s en los organismos sanitarios.
- Participación de
l@s profesionales en la gestión de los centros.
Estas demandas
deberían concretarse en números y lugares de actuación que impliquen directamente
a l@s afectad@s como en el caso de Granada.
Ya
en 2014 las movilizaciones de la Marea Blanca en Madrid consiguieron paralizar
la privatización de seis hospitales y la dimisión del entonces consejero de
Sanidad. Ahora el triunfo de la Marea Blanca contra la fusión de hospitales en
Granada va a ser solo el primero en una larga lucha por la recuperación de una
Sanidad Pública de calidad para tod@s. Nuestra salud no es su negocio.
Jesús A. Castillo
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