Hace poco más de 2 años el Tribunal Superior de Justicia de la Unión
Europea emitía una resolución que obligaba a liberalizar el sector de la
estiba. Ello ha supuesto que el gobierno haya elaborado un borrador de Real
Decreto para poner en marcha la liberalización. La UE ha amenazado, en caso de
incumplimiento, con una multa de 21 millones de euros a la que habría que
añadir 134 mil euros al día a partir de una segunda sentencia del Tribunal, la
cual, según el ministro de Fomento, “está al caer”. Las trabajadoras -que
aunque son minoría, también las hay- y trabajadores temen, y con razón, que
dicha liberalización suponga la pérdida de derechos laborales; entre otras
consecuencias, dejarán de ser trabajador@s indefinidos y bajará su sueldo. De
hecho, entre las medidas que impone el borrador del decreto está la de acabar
con la obligación para las empresas que quieran operar en puertos públicos
españoles de entrar en el capital de una Sociedad Anónima de Gestión de
Estibadores Portuarios (Sagep) y de contratar a uno de sus 6.156 estibador@s.
La estiba es la única profesión no abierta a la libertad de contratación en
el Estado español. Como ya sabemos, las liberalizaciones siempre suponen una
precarización de las condiciones laborales. Por poner sólo un ejemplo, desde
que se privatizó Telefónica debido a la liberalización del sector de las
telecomunicaciones, la empresa ha perdido más de 50.000 empleos estables,
además de servir este proceso para trasladar gran parte de su actividad a
empresas filiales y subcontratadas con mayoría de trabajadores y trabajadoras
temporales y altamente precarizadas.
Existe una relación evidente con lo sucedido en el puerto de El Pireo en
Grecia. En abril de 2016 el gobierno de Tsipras aprobó su venta a COSCO
Shipping Corporation (su privatización ya había comenzado en 2009 con la venta
a la gigante estatal china de 2 terminales de carga) como una de las
contrapartidas exigidas por la Troika para aprobar el “tercer rescate” a
Grecia. Esta venta no se produjo sin resistencia por parte de l@s trabajador@s
del puerto, que ya venían sufriendo una precarización constante desde 2009. Su
movilización provocó, además, que Tsipras, líder de un gobierno supuestamente
de izquierdas, les enviara la policía a reprimirlos. En este sentido, alertamos
de la posibilidad de que el gobierno del PP envíe a la policía a los puertos
para obligar a trabajar a l@s estibador@s en el caso de que finalmente estos
convoquen la huelga. Si lo ha hecho Syriza, no podemos esperar menos del PP.
Por otra parte, es necesario denunciar la forma, previsible por otra parte,
en la que los medios masivos de comunicación han tratado este asunto, tildando
al colectivo de trabajador@s de la estiba de privilegiad@s con sueldos
desorbitados cuando, en realidad, simplemente disponen de condiciones laborales
más o menos dignas. No es de extrañar, ya que estos medios (tanto los privados
como el ente público controlado por el PP) se dedican a defender los intereses
de sus dueños y su objetivo principal ha sido, en este caso concreto pero
también en tantos otros, el de enfrentar a la clase trabajadora entre sí para
evitar su unión.
La UE, en una huida hacia delante, no va a parar de meter presión a los
Estados miembros para que estos pongan en práctica todas las recetas neoliberales
posibles en favor de los intereses de los capitalistas. En el caso concreto del
sector de la estiba, según denuncia la Coordinadora de Trabajadores del Mar, lo
que hay detrás del decreto que quiere aprobar cuanto antes el PP para seguir
las directrices de la UE (con el apoyo del PSOE, cuyo discurso es formalmente
de apoyo a l@s estibador@s pero ya sabemos que su política económica es la
misma que la del PP), es la búsqueda de un beneficio desmedido para los grandes
inversores en los puertos. Estos se aglutinan en torno a La Plataforma de
Inversores en Puertos Españoles (PIPE), que está formada por los grupos
empresariales más relevantes que han invertido en el sistema portuario español
(Grupo Algeposa, Bergé, Ership, Gup TCB, Noatum, Grupo Toro y Betolaza, Boluda
Corporación Marítima, Marítima Dávila, Grupo Nogar, Stasa, OHL Concesiones,
Erhardt y APM Terminals).
Comprobamos, una vez más, que es imposible dar soluciones dignas a la clase
trabajadora dentro de la UE, ésta es una institución que nació con el objetivo
intrínseco de defender los intereses de los capitalistas y por lo tanto es
irreformable; por eso pedimos salir de ella.
La solidaridad con esta lucha no se ha hecho esperar. Los ataques a la
clase trabajadora se dan a nivel global dentro de este sistema capitalista, en
todos los lugares del mundo y en todos los sectores laborales. Por ello, la
solidaridad internacional es fundamental, como ya se ha demostrado en muchos
otros conflictos, y en concreto lo vimos en el sector de la estiba con el caso
de la lucha que llevaron a cabo los estibadores y estibadoras en Portugal en
2014, y que consiguieron gran parte de sus reivindicaciones reforzados por las
presiones de compañer@s de muchos países europeos. Los estibadores del Estado
español, ya han recibido apoyo de sus colegas desde Australia, Estados Unidos,
etc. Asimismo, entender que los capitalistas van a por todas los trabajadoras y
trabajadores, a intentar explotarnos al máximo y mermar nuestros derechos
independientemente del sector en el que trabajemos, es también algo básico.
Esto es algo que los colectivos que llevan mucho tiempo luchando saben bien, y
algunos de ellos, como el de l@s trabajador@s de Panrico, han manifestado su
apoyo a los compañeros estibadores.
Contra este nuevo ataque a la clase trabajadora sólo
cabe solidaridad y desde el Colectivo Acción Anticapitalista mostramos nuestro
apoyo total a la lucha de l@s estibador@s en la defensa de sus derechos.
Después de que desconvocaran la huelga que tenían prevista para los días 20, 22
y 24 de febrero (el gobierno lo puso como condición para seguir negociando,
pero ya sabemos que esta gente solo recula si se siente realmente presionada),
les animamos a que continúen sus movilizaciones, al igual que animamos al resto
de la clase trabajadora a unirse a ellas, para lograr echar para atrás el
decreto que supondría, antes o después, acabar con el trabajo en condiciones
dignas de est@s trabajador@s. Creemos que no hay que conformarse sólo con la
promesa de la conservación de los puestos de trabajo, los estibadores y
estibadoras deben ir más allá y pedir la paralización total y plena de la
liberalización del sector, porque sabemos que todo lo que no sea poner fin a
este proceso de liberalización conllevará una merma de derechos. ¡Contra los ataques
a la clase trabajadora, solidaridad y lucha!
Alejandro García
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