Frente a la privatización de las pensiones, la lucha en las calles.

El sistema público de pensiones se encuentra sometido a un ataque brutal por parte de los poderes económicos, que tratan por todos los medios de apoderarse de su capital, como un recurso especulativo más. Los gobiernos consecutivos en las últimas décadas del PSOE y del PP están al servicio de estos poderes económicos (los capitalistas) con sus reformas legislativas y sus recomendaciones de realizar planes de pensiones privados. Ya en los años ochenta del siglo pasado todos los servicios de estudios de las entidades financieras y similares, apoyados y jaleados por los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Unión Europea (UE), y con la connivencia de los gobiernos estatales, comenzaron a emitir informes acerca de la inviabilidad del sistema público de pensiones.

Estos informes pretendían abonar el terreno para realizar reformas en contra de las pensiones públicas y hacer propaganda sobre los planes privados de pensiones. La argumentación de todos estos informes es similar: el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad dibujan una pirámide de población que hará inviable  el futuro del sistema público de pensiones. Es una ironía contemplar a la "Europa Fortaleza" preocupándose por la reducida tasa de natalidad y el envejecimiento de la población al tiempo que condena a miles de personas, que quieren entrar en Europa buscando una vida mejor, a morir ahogadas en el Mediterráneo. Si el problema radicara solo en estas variables, la solución sería bastante sencilla, se trataría simplemente de abrir las fronteras a los trabajadores inmigrantes. En el Estado español también se realizaron estudios de expertos sobre el tema de la viabilidad de los planes de pensiones. Uno de ellos fue el que la Fundación BBVA en  que  contrató a treinta y cuatro "sabios" para que estudiasen el tema. Trabajaron durante veinte meses para llegar a la conclusión  de la imposibilidad de mantener el sistema público si no se reformaba y, ¡oh sorpresa! recomendaban la  realización de  planes de pensiones privados (el zorro cuidando a las gallinas).

En este escenario, se produjeron las dos últimas reformas protagonizadas por dos partidos al servicio de las elites financieras,  PSOE  y  PP. Puntos destacados de la reforma del PSOE de 2011 fueron el aumento del período de cotización para cobrar la pensión máxima (de 35 a 38 años y medio), la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión (de 15 a 25 años), y el aumento de la edad de la jubilación (de 65 a 67 años de forma paulatina  desde 2013 a 2027).                                                  

La  última reforma del PP en 2014 dispuso que el aumento anual de las pensiones no se hará  en función del índice de Precios al Consumo (IPC), como hasta ahora, sino  por lo que llama el índice de revalorización (IR), en el que se concreta un 0.25% como mínimo, y como máximo el IPC más un 0.5%. Hasta ahora, las subidas de las pensiones están siendo del 0.25%, perdiéndose claramente poder adquisitivo; este es, a día de hoy, uno de los de los puntos  más reivindicados en las movilizaciones que actualmente se están llevando a cabo. Otra modificación importante fue el cálculo de la primera pensión a percibir en función de la esperanza de vida, o “factor de sostenibilidad”, que comenzará a aplicarse en 2019. Se calcula la cuantía de la pensión de una sola vez y en función de cuál sea la esperanza de vida en ese momento. A mayor esperanza de vida, menor cuantía de pensión. Esta reforma está causando un empobrecimiento de un mínimo del 12% del poder adquisitivo y, en los peores casos, de hasta un 28%, en una realidad ya de por sí alarmante, dado que el 52% de la población jubilada ya no llega al salario mínimo interprofesional y 2,3 millones personas tan sólo perciben una pensión asistencial de 330 euros al mes.

El gobierno del PP además de esto se salta a la torera el Pacto de Toledo y saquea y expolia  el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada "hucha de las pensiones", que ha pasado de 66.815 millones de euros en 2011 a 25.716 millones en 2016, hasta dejarlo sin fondos en la actualidad. Esto ha revertido  en un préstamo adicional de 10.192 millones de euros para hacer frente a la paga extra de diciembre de 2017.

En el plan  de estos gobiernos de  PP y PSOE,  además de estas reformas legislativas que merman derechos sociales y económicos de los pensionistas, está la de incentivar planes privados de pensiones con  medidas que dan respuesta a las pretensiones de la Patronal de las Instituciones de Inversión Colectiva (Inverco). Entre estas medidas de los buitres capitalistas están el reducir las comisiones y cargos de gestión de estos planes de pensiones y beneficios fiscales por suscribirlos. Son unos 2.000 millones de euros lo que le cuesta al Estado las subvenciones a los planes de pensiones privados. Planes privados de pensiones que son muy poco rentables y en los que pueden perderse todos los ahorros, como le ocurrió a mucha gente cuando llegó la crisis económica de 2008.

Otra estrategia que utilizan con este mismo propósito es la manipulación del lenguaje, hablar de 'impuesto' a las cotizaciones sociales, mientras las aportaciones a planes de pensiones privados son calificadas de 'ahorro', hablar  de “plan de pensiones del sistema individual”, en vez de privado. Es decir, la misma jerga que utilizan en sanidad diciendo externalización en vez de privatización. También se valen del  miedo haciendo creer que estamos en una encrucijada dramática, en un laberinto de difícil salida, repitiendo el argumento de que el creciente envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad hacen inviable el futuro el sistema público de pensiones.

De lo que se trata es de desposeernos de un ahorro colectivo y público, que no está al servicio del capital, para potenciar un ahorro privado que permita al capital financiero ir invirtiendo en los mercados y generar un beneficio privado. Hay estudios que  calculan que la reforma de las pensiones supondría una trasferencia de más de 200.000 millones a fondos privados de pensiones.

El mantenimiento de las pensiones públicas no es  una cuestión demográfica, es una cuestión política, no es una cuestión de insuficiencia de medios, sino de  distribución de la renta. Hablan de que el sistema público de pensiones se perfila como insostenible. Pero sabemos que el principal problema de las pensiones públicas es que la fuente  de financiación, esto es  las cotizaciones a la Seguridad Social, está  bajo mínimos  como consecuencia de las reformas laborales realizadas por PSOE y PP que están propiciando que salgamos de la crisis con una tasa altísima de paro, con trabajos precarios, bajos salarios y, consecuentemente, bajas cotizaciones. Luchar por la derogación de las reformas laborales es clave para el sostenimiento de las pensiones públicas. 

El artículo 50 de la Constitución española afirma: "Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad", pero los capitalistas y sus partidos solo piden que se cumpla su Constitución cuando les interesa. Una de las reivindicaciones de las Plataformas en defensa de las pensiones públicas dice  que,  en caso de necesidad, se recurra a los Presupuestos Generales del Estado. Además, hace falta una mejora presupuestaria e impositiva para financiar las pensiones, aumentando los impuestos a las grandes fortunas y las grandes empresas y recuperando dinero del rescate bancario y de autopistas de peajes, así como de un presupuesto militar que sigue amentando.

Las  Plataformas son un movimiento de pensionistas creado desde abajo que se han constituido a nivel estatal en una Coordinadora  por la Defensa de las Pensiones Públicas  que está impulsando  movilizaciones  para conseguir  el mantenimiento y la mejora del sistema de pensiones públicas. En una de las últimas movilizaciones, el 22 de Febrero, convocada en todo el Estado español cientos de miles de  pensionistas  llenaron  las principales plazas de más de setenta ciudades. A la lucha por la pensiones públicas siguen sumándose diversos colectivos y sindicatos, así como personas no jubiladas, incluidos jóvenes.

Tienen que continuar las movilizaciones hasta echar al gobierno del PP, y sus recortes y mentiras, desde las calles. Se trata de un problema político y  nuestro papel es desenmascarar los intentos de justificar mediante planteamientos aparentemente técnicos las posturas ideológicas capitalistas. Impulsemos las movilizaciones y la lucha por unas pensiones públicas dignas y sin intervención de los buitres capitalista.

Lola Segura, activista de Colectivo Acción Anticapitalista.