El estado es un instrumento de clase, no neutral, para beneficio de la
clase dominante, que en la sociedad capitalista la forman los propietarios del
capital, mientras la clase dominada somos las trabajadoras y trabajadores. Su objetivo
final es reproducir un sistema que permite a la clase dominante seguir
obteniendo beneficios sin demasiados conflictos con la clase dominada.
Es decir, la actuación del estado, que está
dirigida a reproducir el sistema capitalista para beneficio de la clase
dominante, tiene que tener en cuenta también, hasta cierto límite,
especialmente en los sistemas de democracia parlamentaria, los aspectos que
afectan a la clase dominada siempre que no se ponga en peligro la reproducción
del sistema, pues en ese caso el estado no duda en recurrir a la fuerza armada.
Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, con sindicatos y partidos de
izquierda y socialdemócratas fuertes y movi-mientos de lucha de clase, el
escenario geopolítico existente permitió que en la mayor parte de Europa y
Norteamérica el papel del estado de reproducir las relaciones sociales
capitalistas, principal-mente la circulación y acumulación de capital, se
combinara con políti-cas sociales y redistributivas hacia las clases dominadas
como no había pasado antes. Fue estableciéndose así lo que se ha venido en llamar
el estado del bienestar, mediante el cual la población conquistó derechos
sociales en el ámbito de la educación, la salud, las pensiones o la asistencia
social, dando lugar a una mejora importante en sus condiciones de vida. Y, lo
que es quizá más relevante, estos avances se consideraban derechos colectivos y
parte integrante del salario. El capitalismo se vio obligado a reconocer tales
derechos y a modificar la distribución de la riqueza social en consonancia.
No obstante, el carácter esencial del estado sigue
siendo el de reproducir el sistema para el beneficio de la clase dominante y
facilitar la consecución de la explotación capitalista mediante la obtención
directa e individualizada de la plusvalía, bajo la forma aparente de la venta
y la compra “libres” de la fuerza de trabajo por el capital como una mercancía
más en el mercado. Pero, por otro lado, mantener en orden una sociedad
explotadora implica también la necesidad de coerción. La represión del estado
depende del curso de la lucha de clases, de cómo el capital es capaz de imponer
su voluntad o si las resistencias y la lucha permiten formas menos agresivas de
estado. Cada vez más, el papel del estado se articula alrededor de mantener el orden,
disciplinar a la fuerza de trabajo y diluir y controlar toda resistencia.
La crisis de la década de 1970 posibilitó al
capital el cambiar la correlación de fuerzas y emprender una restructuración
político-económica de las sociedades capitalistas para intentar acabar con el
poder relativo de grupos organizados dentro de las clases dominadas, partidos
de izquierda y sindicatos de clase, así como con la voluntad de resistencia de
las trabajadoras y trabajadores.
En la crisis actual, con la justificación de la
crisis de la deuda y con la colaboración de las instituciones públicas
internacionales (FMI, BM, OCDE y, sobre todo, la UE), se sigue forzando la
subordinación del mundo del trabajo y las clases populares mediante agresivas
políticas económicas y leyes que deterioran su nivel de vida y sus condiciones
laborales. En este contexto de crisis, que está pagando la clase trabajadora
con el aumento de la explotación, los capitalistas intentan contrarrestar la
lucha obrera mediante su control de la comunicación, la colaboración de las
burocracias sindicales, la división de los trabajadores y la represión.
En el estado español, esta re-presión está
adquiriendo especial virulencia, pues la situación de una gran parte de las
trabajadoras y trabajadores es desesperada porque el elevado desempleo, la
precariedad y los bajos salarios, junto con la supresión de subsidios y la
pérdida de servicios públicos, han aumentado la pobreza y el descontento
social.
Controlados los sindicatos mayoritarios,
convertidos en cogestores de la crisis, un objetivo fundamental de esta
represión son los sindicalistas combativos, como Bódalo, y el recorte de los
derechos laborales. La reciente sentencia del Tribunal Supremo, que avala la
subcontratación con otras empresas para sustituir a trabajadores en huelga, es
un ataque frontal contra la clase trabajadora e ilustra el papel del aparato
del estado y sus leyes represivas al servicio de los capitalistas.
Un elemento fundamental en este sentido es el
control de los medios de comunicación, especialmente la televisión. La
apariencia de un debate de diferentes ideas se lleva a cabo siempre bajo la
lógica de un planteamiento capitalista, que ofrece a las trabajadoras y
trabajadores la falsa solución del crecimiento continuo y el aumento de la
productividad, mientras se crea en los desempleados la sensación de
culpabilidad por no poder acceder a un trabajo digno. Puesto que las redes sociales son una
alternativa de comunicación relativamente menos controlada, el gobierno está
creando leyes y persiguiendo las ideas en un atentado
flagrante a la libertad de expresión. La Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada
“Ley mordaza”, no solo recurre a las multas gubernativas sin garantías
judiciales, además crea un registro de infractores sin antecedentes penales y
sin sentencia judicial. Se establece también “el valor probatorio de las
declaraciones de los agentes de la autoridad”, que es base suficiente para la
sanción, el cacheo aunque sea por una sospecha sin evidencia de delito y la
detención en caso de no mostrar documentación.
Sentencias como las de Cassandra, con la que se
persigue la represión de una expresión que afecta a un general golpista,
destacada figura de la dictadura, en base a su papel de víctima, no tendría
explicación si no se considera que el actual gobierno es heredero de aquel
régimen y pretende ganar en legitimidad reescribiendo la historia y
convirtiendo a los verdugos en víctimas.
Este endurecimiento de la represión, que está
creando presos políticos, indica que, ante la debilidad del gobierno en cuanto
a argumentos y avances sociales, este tiene la necesidad de atemorizar con la
fuerza de leyes antidemocráticas y la amenaza de los cuerpos de seguridad del
estado en contra de derechos fundamentales teóricamente protegidos por la
Constitución.
Esta represión creciente hay que encuadrarla
asimismo en el momento actual de la lucha de clases, en el que los capitalistas
aprovechan el elevado desempleo y la impagable deuda pública para recortar
derechos y aumentar la concentración de capital a costa de las trabajadoras y
trabajadores. El aparato del estado, gobierno, jueces y los cuerpos policiales
frenan la lucha obrera mediante la aplicación de leyes represivas mientras se
aplican las políticas de las instituciones controladas por los capitalistas en
contra de la clase trabajadora.
Jesús A. Castillo Gómez
