La “justicia” al servicio del gobierno, el estado al servicio del capital

El estado es un instrumento de clase, no neutral, para beneficio de la clase dominante, que en la sociedad capitalista la forman los propietarios del capital, mientras la clase dominada somos las trabajadoras y trabajadores. Su objetivo final es reproducir un sistema que permite a la clase dominante seguir obteniendo beneficios sin demasiados conflictos con la clase dominada.

En las democracias modernas, al mismo tiempo que ese es el objetivo principal, no se pueden ignorar totalmente los intereses de la mayoría de la población, la clase dominada. Para que los conflictos sociales no pongan en peligro la estabilidad del sistema y su reproducción, se debe llevar a cabo lo que se considera una función de legitimación (atender hasta cierto punto los deseos de las clases dominadas).

No obstante, en caso de conflicto entre ambas funciones, el estado se inclina siempre por mantener la función de acumulación del capital a costa de la legitimación.

Es decir, la actuación del estado, que está dirigida a reproducir el sistema capitalista para beneficio de la clase dominante, tiene que tener en cuenta también, hasta cierto límite, especialmente en los sistemas de democracia parlamentaria, los aspectos que afectan a la clase dominada siempre que no se ponga en peligro la reproducción del sistema, pues en ese caso el estado no duda en recurrir a la fuerza armada. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, con sindicatos y partidos de izquierda y socialdemócratas fuertes y movi-mientos de lucha de clase, el escenario geopolítico existente permitió que en la mayor parte de Europa y Norteamérica el papel del estado de reproducir las relaciones sociales capitalistas, principal-mente la circulación y acumulación de capital, se combinara con políti-cas sociales y redistributivas hacia las clases dominadas como no había pasado antes. Fue estableciéndose así lo que se ha venido en llamar el estado del bienestar, mediante el cual la población conquistó derechos sociales en el ámbito de la educación, la salud, las pensiones o la asistencia social, dando lugar a una mejora importante en sus condiciones de vida. Y, lo que es quizá más relevante, estos avances se consideraban derechos colectivos y parte integrante del salario. El capitalismo se vio obligado a reconocer tales derechos y a modificar la distribución de la riqueza social en consonancia.

No obstante, el carácter esencial del estado sigue siendo el de reproducir el sistema para el beneficio de la clase dominante y facilitar la consecución de la explotación capitalista mediante la obtención directa e individualizada de la plusvalía, bajo la forma aparente de la venta y la compra “libres” de la fuerza de trabajo por el capital como una mercancía más en el mercado. Pero, por otro lado, mantener en orden una sociedad explotadora implica también la necesidad de coerción. La represión del estado depende del curso de la lucha de clases, de cómo el capital es capaz de imponer su voluntad o si las resistencias y la lucha permiten formas menos agresivas de estado. Cada vez más, el papel del estado se articula alrededor de mantener el orden, disciplinar a la fuerza de trabajo y diluir y controlar toda resistencia.

La crisis de la década de 1970 posibilitó al capital el cambiar la correlación de fuerzas y emprender una restructuración político-económica de las sociedades capitalistas para intentar acabar con el poder relativo de grupos organizados dentro de las clases dominadas, partidos de izquierda y sindicatos de clase, así como con la voluntad de resistencia de las trabajadoras y trabajadores.

En la crisis actual, con la justificación de la crisis de la deuda y con la colaboración de las instituciones públicas internacionales (FMI, BM, OCDE y, sobre todo, la UE), se sigue forzando la subordinación del mundo del trabajo y las clases populares mediante agresivas políticas económicas y leyes que deterioran su nivel de vida y sus condiciones laborales. En este contexto de crisis, que está pagando la clase trabajadora con el aumento de la explotación, los capitalistas intentan contrarrestar la lucha obrera mediante su control de la comunicación, la colaboración de las burocracias sindicales, la división de los trabajadores y la represión.

En el estado español, esta re-presión está adquiriendo especial virulencia, pues la situación de una gran parte de las trabajadoras y trabajadores es desesperada porque el elevado desempleo, la precariedad y los bajos salarios, junto con la supresión de subsidios y la pérdida de servicios públicos, han aumentado la pobreza y el descontento social.

Controlados los sindicatos mayoritarios, convertidos en cogestores de la crisis, un objetivo fundamental de esta represión son los sindicalistas combativos, como Bódalo, y el recorte de los derechos laborales. La reciente sentencia del Tribunal Supremo, que avala la subcontratación con otras empresas para sustituir a trabajadores en huelga, es un ataque frontal contra la clase trabajadora e ilustra el papel del aparato del estado y sus leyes represivas al servicio de los capitalistas.

Un elemento fundamental en este sentido es el control de los medios de comunicación, especialmente la televisión. La apariencia de un debate de diferentes ideas se lleva a cabo siempre bajo la lógica de un planteamiento capitalista, que ofrece a las trabajadoras y trabajadores la falsa solución del crecimiento continuo y el aumento de la productividad, mientras se crea en los desempleados la sensación de culpabilidad por no poder acceder a un trabajo digno.  Puesto que las redes sociales son una alternativa de comunicación relativamente menos controlada, el gobierno está creando leyes y persiguiendo las ideas en un atentado flagrante a la libertad de expresión. La Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada “Ley mordaza”, no solo recurre a las multas gubernativas sin garantías judiciales, además crea un registro de infractores sin antecedentes penales y sin sentencia judicial. Se establece también “el valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad”, que es base suficiente para la sanción, el cacheo aunque sea por una sospecha sin evidencia de delito y la detención en caso de no mostrar documentación.

Sentencias como las de Cassandra, con la que se persigue la represión de una expresión que afecta a un general golpista, destacada figura de la dictadura, en base a su papel de víctima, no tendría explicación si no se considera que el actual gobierno es heredero de aquel régimen y pretende ganar en legitimidad reescribiendo la historia y convirtiendo a los verdugos en víctimas.

Este endurecimiento de la represión, que está creando presos políticos, indica que, ante la debilidad del gobierno en cuanto a argumentos y avances sociales, este tiene la necesidad de atemorizar con la fuerza de leyes antidemocráticas y la amenaza de los cuerpos de seguridad del estado en contra de derechos fundamentales teóricamente protegidos por la Constitución.

Esta represión creciente hay que encuadrarla asimismo en el momento actual de la lucha de clases, en el que los capitalistas aprovechan el elevado desempleo y la impagable deuda pública para recortar derechos y aumentar la concentración de capital a costa de las trabajadoras y trabajadores. El aparato del estado, gobierno, jueces y los cuerpos policiales frenan la lucha obrera mediante la aplicación de leyes represivas mientras se aplican las políticas de las instituciones controladas por los capitalistas en contra de la clase trabajadora.

Jesús A. Castillo Gómez