LA MERCANTILIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
El
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado 28 de marzo de
2017 un Decreto Ley para la liberalización de la Educación Infantil de 0 a 3
años, mediante el cual apuesta por la liberalización y desregularización del
sector, favoreciendo su mercantilización y abriendo las puertas a las grandes
empresas como ha sucedi-do con la ayuda a domicilio.
El Decreto Ley y la actuación autoritaria de la
Junta de Andalucía ha recibido un rotundo rechazo tanto de la patronal como de
las trabajadoras del sector, quienes serán las primeras en sufrir el “decretazo”.
La educación infantil es un sector muy feminizado, formado principalmente por
cooperativas y microempresas que no podrán hacer frente ni competir con precios
a la baja con las grandes empresas del sector y los oligopolios.
Hasta ahora el sistema de las escuelas infantiles
funcionaba con la ayuda y en convenio con la Junta de Andalucía, fijando la
administración un precio fijo. Con el nuevo decreto se pasa a establecer un
precio máximo, echando a pelear unas escuelas con otras y permitiendo que las grandes
empresas puedan ofertar muy por debajo del precio por plaza establecido por la
Junta de Andalucía, lo que redundará en una merma de la calidad del servicio y
una precarización de los puestos de trabajo.
El
decretazo encierra un segundo golpe sobre la clase obrera y en especial sobre
las mujeres, al no permitir el acceso a plazas subvencionadas de los niños y
niñas nacidos a partir de mayo, una vez cerrado el plazo de matriculación, por
lo que madres con embarazos sobrevenidos, trabajado-ras temporales o jornaleras
no podrán acceder a los servicios subvencionados y deberán o asumir el coste
completo de la escolarización o renunciar al trabajo.
Las movilizaciones y concentraciones de los pasa-dos
23 y 28 de marzo han conseguido en parte frenar algunos de los puntos que la
Junta de Andalucía estaba dispuesta a aprobar de forma unilateral, con lo que vuelve
a demostrarse la falta de talante negociador de la Junta y el carácter mafioso
de la administración andaluza, que ha llegado a avisar a los centros que secun-den
las movilizaciones de que “se exponen a la retirada de las subvenciones”. Todo
esto pone de manifiesto una vez más que las movilizaciones son imprescindibles.
La clase obrera debe luchar por una verdadera
conciliación de la vida laboral y familiar, como medidas destinadas a favorecer
los intereses del menor y la ampliación de los periodos de baja por maternidad
y paternidad, más allá de los intereses empresariales, y no pareciendo de
recibo que un bebé con tan sólo 4 meses esté obligado a asistir a una escuela
infantil.
David Robles
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