En el estado español el derecho a una vivienda digna reconocido en el artículo 47 de la Constitución es pisoteado cada día por la banca, rescatada con 100.000 millones de euros que pagamos todos con nuestros impuestos, como demuestra el que 36.929 familias perdieron su casa durante el año 2015. En un contexto de profunda crisis capitalista, que incrementa el ya insoportable paro estructural, y con unas reformas laborales que han aumentado la precariedad y disminuido los salarios hasta condenar a muchos trabajadores y trabajadoras a la pobreza, los bancos se han convertido en las principales inmobiliarias.
En esta situación, la única respuesta posible es la movilización y la lucha por una vivienda digna, para lo que la organización en las PAH ha sido fundamental.
La reivindicación del derecho a techo tiene dos pilares fundamentales en la lucha en la calle: mediante el movimiento ocupa, un desahucio una ocupación, ante los miles de viviendas vacías para la especulación, y el enfrentamiento a los desahucios. Estas actuaciones han obligado a negociar a la banca la dación en pago, que durante el año pasado fue acordada en más de la mitad de los casos.
Dentro de estas acciones, la PAH de Coria del Río (Sevilla) montó una acampada indefinida ante la oficina del Banco Santander para denunciar las "prácticas abusivas" de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), una sociedad formada por el Banco Santander y BNP Paribas. Algunos clientes suscribieron hipotecas con UCI "creyendo que era un préstamo con garantía hipotecaria, pero en realidad era un producto con condición de crédito". Esto suponía "hipotecar más de una vivienda, por lo que las familias no sólo perderían la vivienda por la que se hipotecaron sino, además, las de sus avalistas y que ellos convirtieron en hipotecantes con sus hipotecas puente o doble garantía".
Tras 198 días de acampada sin que les atendieran, 13 activistas de la PAH, entre los que se encontraban afectados y familiares, y a los que se unió Cristina Honorato, concejal de Participa Sevilla, realizaron una acción de protesta pacífica en una céntrica oficina del Santander. Durante la misma fueron detenidos, tirados al suelo, esposados y trasladados a comisaría en un furgón policial. Inicialmente, el banco presentó denuncia por coacciones y amenazas, que retiró posteriormente, mientras la fiscalía mantiene la acusación de desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad. Ahora, tras 247 días acampadas a las puertas del banco, se ha conseguido el objetivo de la dación en pago, demostrando que con unidad la lucha sirve, pero los y las activistas siguen imputadas con un auto que los trata como si fueran violentos sin considerar los abusos del banco. Si durante la acampada la solidaridad de los vecinos y vecinas de Coria fue una constante, ahora cientos de activistas nos hemos concentrado a las puertas de los juzgados para apoyarlos.
Nuestro colectivo se solidariza con las compañeras de la PAH y felicita a Cristina por su presencia en la acción, pues se trata de romper con esa lógica mediante la cual el capitalismo usa la estructura institucional para imponerse. La manera de hacerlo no es abandonar las luchas de los y las trabajadoras, sino todo lo contrario, éstas tienen que estar en primer lugar y la labor de los cargos electos debe ser la de contribuir a su organización, su difusión y a amplificar la presión que puedan llegar a generar, con un papel clave como altavoz de la gente trabajadora y como agentes movilizadores ante cualquier ataque a los derechos sociales.
Por el derecho a una vivienda para todas denunciamos una justicia al servicio de unos bancos que han recibido miles de millones de dinero público y han estafado con las cláusulas suelo mientras se criminaliza la protesta ante sus abusos.
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