En el Estado español, según el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE), se registran un millón de Personas Sordas, que en cifras reales podrían duplicar dicho número.
El término “sordomudo”, empleado aún por gran parte de la población y
medios, es ofensivo para el colectivo, pues les otorga la incapacidad para
hablar mientras que la deficiencia auditiva solo afecta a su capacidad para
percibir los sonidos. Una Persona Sorda a la que se le ofrecen los recursos
adecuados de manera temprana es capaz de desarrollar un lenguaje oral igual al
de sus conciudadanos oyentes. Estos recursos tienen que ver tanto con el objetivo
integrador en la sociedad oyente como con la adquisición por parte de la Persona
Sorda de un mejor desarrollo cognitivo y de una identidad propia, la identidad
sorda.
Numerosos estudios han probado que una enseñanza basada en el bilingüismo
(Lengua Oral y Lengua de Signos) tiene un efecto notable en el desarrollo
cognitivo tanto en niños oyentes como sordos.
Para conectar a la Comunidad Sorda con el resto de la sociedad están los
Intérpretes de Lengua de Signos (ILS).
En el Estado español no se garantiza apenas la posibilidad de que las
Personas Sordas cuenten con ilse en
su vida diaria; obligadas a desembolsar ellas mismas los honorarios, no siempre
pueden contar con uno. ¿Comienza aquí la desigualdad? Por desgracia, les llega
a una edad más temprana.
En la Educación Pública española se registra la obligada asistencia de un ilse al aula de todo aquel alumno o
alumna sorda en la ESO, Bachillerato y ciclos formativos. En la Universidad,
por ley es la propia Universidad la que está obligada a conceder ilses a sus alumnos sordos. No así en
Primaria, donde son las familias las encargadas de abonar el salario del ilse. Esta etapa es en la que se crea la
desigualdad con sus compañeros y compañeras oyentes, fraguando un “fracaso”
temprano en los alumnos sordos con menos recursos. Y digo así, “fracaso”,
entrecomillado, pues el que fracasa es el Sistema Educativo en nuestro país al
no acoger en su seno a la totalidad de alumnos por tener necesidades educativas
especiales.
En el Estado español, los ilses
tienen una situación de precariedad laboral fomentada por el ostracismo de la
Administración Pública. Situación que vulnera tanto los derechos reconocidos a
la Comunidad Sorda en materia de igualdad como a los ilses por su derecho a trabajo digno.
Para hacernos una idea, países europeos no tan lejanos al nuestro, Francia
entre ellos, cuentan con una ratio de 1ils/10 P.S., mientras que en España es
de 1ils/143 P.S. Esto se resume en un 75% de los ilses en paro, mientras que del 25% que trabaja el 14% está
indefinido, el 81% temporal y el 3% autoempleado.
Y nuestra querida Administración Pública, cómo no, luchando por nuestros
intereses ¿qué es lo que hace? Fomentar la precariedad mediante concursos
públicos que licitan la subasta a la baja que sufre la profesión. Por si fuese
poco, en todos los sectores donde un ilse
puede trabajar dentro de la administración pública, es considerado un
trabajador de segunda categoría.
En educación tenemos a las compañeras de institutos, contratadas por curso,
yendo al paro en verano y rezando por ser vueltas a contratar con el inicio del
nuevo curso, nada que ver con las oposiciones a las que tiene derecho el resto
de personal de sus mismos centros.
En la universidad vemos contrataciones de ilses como becarios por 300€ al mes, cuando la complejidad de su
trabajo no dista más de sus compañeros (profesores) que la distancia física que
los separa.
La gran solución pasa por dar visibilidad al problema. Tal y como hoy en
día no concebimos barreras arquitectónicas que limiten la participación de
ningún ciudadano, tampoco se debe concebir una sociedad con barreras de
comunicación. Teniendo los medios, derribémoslas.
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