Después de 10 meses en funciones, no sin muchos problemas y habiendo perdido dos millones y medio de votos desde 2004, el PP vuelve a gobernar el Estado español gracias al apoyo de un PSOE que se resquebraja. Tras este arduo proceso electoral, se ha roto definitivamente el bipartidismo, puesto que el PSOE ha dejado de ser la primera fuerza de la oposición en pos de En Marea, y el PP accede a un gobierno débil. Incluso en la primera aparición pública de Rafael Hernando, portavoz del gobierno, los periodistas le preguntaban si creía que esta legislatura duraría 4 años, y ante esta duda él incidía en que esperaba que lo vieran mucho en los próximos tiempos, un cuestionamiento impensable hace unos años cuando alcanzaron la mayoría absoluta que muestra la fragilidad de este “nuevo-viejo” gobierno.
Más recortes
Nada más ser investido presidente, Rajoy recibió una llamada de la Comisión Europea para recordarle sus obligaciones para disminuir el exceso de déficit. Bruselas exige al gobierno recortes del 0,5% del PIB, unos 5.500 millones de euros, en los presupuestos del Estado de 2017, y 5.500 millones más en 2018. De Guindos, que fue recibido de nuevo como ministro de Economía por un Eurogrupo que espera noticias al respecto, afirma que "los ajustes deberían ir aparte de las expectativas de un mayor crecimiento". Nada nuevo bajo el sol.
La tendencia neoliberal es impactante: la mayoría de las 120 empresas estatales vendidas desde 1984 ha desaparecido y el resto están en manos extranjeras o son propiedad de las grandes fortunas españolas que se han unido formando oligopolios. Los recortes presupuestarios en sanidad y educación a lo largo de estos años han sido muy graves, y no son fácilmente cuantificables por el hermetismo de las administraciones públicas. En sanidad se están incrementando las desigualdades territoriales, con cierres de muchas plantas hospitalarias, deteriorando la atención sanitaria a la vez que degradan las condiciones laborales de los y las trabajadoras -más horas, menos retribución, más precariedad, más carga de trabajo y aumento de la presión asistencial y del estrés-. En la educación con la LOMCE, denominada popularmente "ley Wert", el PP está llevando a cabo el desmantelamiento del sistema educativo público por decreto e instaurando un modelo mercantilista, segregador, elitista, adoctrinador, competitivo y sexista. Durante su legislatura ha recortado más de 7.000 millones de euros a la educación pública, que han supuesto el despido de más de 32.000 profesores y profesoras, la masificación en las aulas, la pérdida de refuerzos educativos y de becas de libros y comedor entre muchas otras cosas.
Las sucesivas reformas laborales avanzan en el camino hacia el despido libre a pasos agigantados. Por otro lado, el hachazo al Fondo de Reserva de las Pensiones, la llamada “hucha de las pensiones”, ha supuesto una reducción de los más de 70.000 millones de euros de 2015 a poco más de un tercio de esa cantidad, no quedando garantizado el pago de las pensiones en mitad de esta profunda crisis en la que muchísimas familias están subsistiendo gracias a las retribuciones de pensionistas.
El PP no oculta que uno de sus objetivos prioritarios para esta próxima legislatura es continuar aplicando sus eufemísticamente denominadas “reformas”. Lo que no dice es que estas reformas implican continuar recortando y privatizando los servicios públicos y precarizando las condiciones laborales, y que tratarán de aplicarlas si es preciso a base reales decretos, a la vez que hacen uso de la represión mediante la "ley mordaza”, de forma que lo que diga la policía va a misa, algo que recuerda demasiado a etapas pasadas dictatoriales. El papel de Ciudadanos en todo esto no dejará de ser consustancial al del PP, sirviéndole de muleta.
Corrupción
La corrupción política en el Estado español, con Andalucía a la cabeza, ha dejado un agujero -que se sepa a día de hoy- de más de 8.000 millones de euros desde el pacto de transición de 1978. Muchas formas de corrupción están prácticamente normalizadas y son legales. Así, en los paraísos fiscales el capitalismo alcanza su estado más salvaje con la tolerancia y complicidad de las instituciones internacionales. Sólo hay que ver la actuación del ex-ministro Soria en el asunto de los "papeles de Panamá", entre otros tantos. La privatización de las economías como si no hubiera un mañana ha multiplicado las comisiones, terreno abonado para la corrupción. El PP es el primer partido de Europa imputado directamente por casos de corrupción y como máximo exponente del saqueo público masivo: 1.900 imputados en el Estado español y 120 millones de euros de dinero público defraudados sólo en la trama Gürtel, que viene a ser el equivalente al presupuesto de 20.000 estudiantes menos en las universidades o de 50.000 días de ingresos en hospitales públicos. Por su parte, en la trama púnica se calcula que pueden haber robado más de 250 millones de euros. A pesar de la multitud de casos que han salido a la luz, mucha gente sigue preguntándose hasta dónde llegará la permisividad e impunidad de la justicia a la hora de castigar a estos corruptos. Tratan de vendernos que "son casos aislados", cuando la corrupción es estructural y consustancial al sistema capitalista, y si no ahí están los powerpoints o los discos duros de Bárcenas, donde se enseña hasta cómo financiar desde los municipios o cómo tapar tramas de financiación irregular. Los supuestos “gobiernos del cambio” resultan demasiado blandos e ilusos a la hora de abordar un tema endémico institucionalmente, no hay tiempo que perder jugando al ajedrez, necesitamos otro modo de funcionamiento bajo control de la gente trabajadora.
Un gobierno débil, oportunidad para la lucha
Aunque a corto plazo puedan gobernar saben que no tienen la suficiente fuerza en el Congreso. En este sentido, la historia es muy distinta de la de la anterior legislatura: se trata de un gobierno en minoría, y las enormes contradicciones entre la llamada “triple alianza” de PP, PSOE y Ciudadanos no tardarán en evidenciarse, a la vez que la crisis del régimen del 78 cada día se agudiza más, a pesar de que los medios se empeñen en mostrar lo contrario.
En todo esto, la lucha por la independencia de Cataluña es un tema clave, y empleando el actual Ministerio de Administraciones Públicas como caballo de Troya, con Sáenz de Santamaría a la cabeza, pretenden intentar "mediar" para impedirla. Necesitamos que en Cataluña se acreciente aún más la movilización hasta romper tanto con la "legalidad constitucional" mediante la desobediencia, como con la burguesía catalana.
Debemos ir preparando el camino hacia una nueva Huelga General. De manera inminente y a nivel andaluz, las Marchas de la Dignidad convocan una movilización en Sevilla el próximo 19 de noviembre, bajo su ya conocido lema de “Pan, Trabajo, Techo y Dignidad”, para dejarle claro al PSOE y el PP que vamos a luchar por echarlos.
Menos de una semana después, el 24 de noviembre, el Sindicato de Estudiantes ha convocado una nueva huelga educativa contra las evaluaciones finales de la LOMCE, conocidas como “reválidas”. Esta convocatoria sigue a la exitosa jornada de huelga del pasado 26 de octubre, pues la comunidad educativa tiene claro que no va a conformarse con el anuncio de Mariano Rajoy de suspender sus efectos académicos hasta alcanzar un pacto educativo. Como afirma la secretaria de dicho sindicato, Ana García, “Este gobierno es muy débil y está asustado”. Por algo da pasos atrás presentándolos como concesiones y pasos hacia el diálogo. En el sector educativo este curso se presenta caliente, lleno de movilizaciones para defender la educación de calidad que nos están robando.
La lucha por la sanidad pública sigue siendo también una batalla fundamental: hace muy poco vivimos una manifestación histórica en Granada, donde más de 80.000 personas marcharon contra la fusión de los dos hospitales públicos.
En los centros de trabajo están teniendo lugar algunas luchas muy importantes, como la movilización del sector del Contact Center, donde trabaja una mayoría de mujeres (teleoperadoras) y que es uno de los más precarios históricamente. Después de varios paros parciales, fueron a la huelga con éxito el pasado 6 de octubre y volverán el 28 de noviembre, para exigir un convenio colectivo que les garantice unas condiciones laborales dignas.
El PP va a tener serias dificultades para no tambalearse en el poder ante estas movilizaciones y las que están por llegar. No son luchas aisladas, y su coordinación es vital. En el horizonte de los trabajadores y trabajadoras debe estar la socialización del sector bancario para así controlar su capital desobedeciendo a los acreedores de la deuda ilegítima como punto de partida para romper con la austeridad y con los trasvases público-privado que nos han impuesto históricamente. Sabemos que ésta es la vía para liberarnos de las opresiones impuestas desde la Troika y por ello debemos responderles en las calles a todos estos golpes y amenazas que, sin ninguna duda, intentarán asestarnos en esta legislatura.
José María Bravo
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