El gobierno de Rajoy pretende haber lanzado un “misil certero” al aplicar el artículo 155 en Catalunya para frenar la independencia. Han anulado el autogobierno catalán, han suprimido el govern y han cerrado el parlament, convocando elecciones para el 21 de diciembre. Hasta entonces, Catalunya, por primera vez desde el franquismo pasa bajo el control inmediato de Madrid, con la vicepresidenta de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría asumiendo los poderes que hasta ahora tenía el president Puigdemont.
La realidad es que están
temblando frente a lo que puede producir este desafío. Es reveladora la
precipitación para tener las elecciones el 21 de diciembre. Quieren
aprovecharse del resultado del shock y deshacerse de la patata caliente. Amenazan
con un nuevo 155 si no sale el resultado que piden en las elecciones. No se
atreven a tocar sectores que generarían directamente confrontaciones en la
calle: no han tocado las Universidades, ni la televisión y radio públicas.
El 155 vino como
respuesta a la “independencia unilateral” que declaró el parlament. Pero, el
parlament también votó por la independencia bajo la amenaza de votación del art.
155 en el senado español. Ésta es la clave para entender lo que ahora está
sucediendo en Catalaunya. El voto por la independencia por parte de la mayoría
de los diputados de Junts Pel Sí fue con pesar. La gente en las calles estaba
festejando pero ellxs no querían, ni estaban preparadxs, para este choque. Hacía
poco, Puigdemont se había ofrecido a ir a elecciones si no se aplicaba el
artículo 155. Pero el Estado español quería contrololarlo todo en Catalunya.
La “calle”, la
desobediencia en el referéndum del 1O, las huelgas del 3 de octubre y el 8 de
noviembre, manifestaciones masivas… estas fueron las fuerzas que empujaron a tiraron
a Junts Pel Sí a la votación de la independencia. Puigdemont se mostró incapaz
de poner orden en esta dinámica y lo primero que hizo fue irse para Bélgica.
La proclamación de la “independencia”
fue completamente simbólica. En realidad siquiera se declaró la independencia.
El parlament puso en marcha la ley de transitoriedad (la ley que pondría en
marcha la creación de tribunales, hacienda y otras instituciones estatales
catalanas), pero sabía que con el 155 no habría nadie para aplicarla. Ni
siquiera una arriada simbólica de la bandera española en el palacio de la
Generalitat.
Al contrario, por el
otro bando, el artículo 155 se está aplicando poco simbólicamente. El primer
paso fue el cambio de la dirección de los Mossos que habían molestado al estado
central porque no consensuaron en la represión del referéndum. Los ministros de
Puigdemont no resistieron ni a la ocupación de sus despachos. La distancia
entre las esperanzas de la gente en las calles y la estrategia de las
direcciones de Junts Pel Sí, Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium
Cultural se hizo más grande. Mientras se estaba aplicando el 155 y la gente
estaba buscando respuestas para defender la República y el gobierno
legítimo, Ómnium tuiteaba que la mejor defensa era ir de excursión a los
pueblos, a celebrar, a gastar dinero y ayudar la economía catalana. Esta
indecisión chocaba con que sindicatos independentistas habían declarado una huelga
de 10 días para defender la independencia.
Pero todo esto no está
sucediendo en vacío. La semana empezó con lxs trabajadorxs en ayuntamientos y
delegaciones de gobierno en asambleas y rodeando sus centros de trabajo,
declarando que no van a aceptar la aplicación del 155. Cosas parecidas
sucedieron en los medios de comunicación públicos. Las asambleas de los Comités
de Defensa de la República (CDR) siguieron sus reuniones y algunas se han
convertido en el espacio donde se desarrolla el debate político sobre los
próximos pasos del movimiento. Las organizaciones más “moderadas” quieren
convertir los CDR en brazos de la campaña electoral hasta el 21 de diciembre.
El estado español no
tiene ninguna intención de ir a unas elecciones calmas y democráticas. Els
Jordis, y parte del govern, están en la cárcel. La Guardia Civil investiga a
los Mossos, tamizando los videos y las conversaciones para empezar una oleada
de denuncias tanto contra gente que participó en las manifestaciones y en
referéndum como contra oficiales. Los fiscales han presentado denuncias contra
el govern y la mesa del parlament por rebelión y sedición. Rajoy quiere quebrar
el ánimo, pero la resistencia a la violencia estatal puede transformarse muy
rápido en oportunidad para que el movimiento salga a las calles de nuevo y
entre en el enfrentamiento del que Puigdemont huyó, como ocurrió en la masiva
manifestación del 11 de octubre en Barcelona.
La luz verde que han
recibido los fascistas es el otro factor que no deja que las cosas se
“normalicen”. En cada manifestación unionista contra la independencia, grupos
de ultraderecha nazi atacan a inmigrantes, a casas con la estelada, a medios de
comunicación catalanes, etc. En Valencia (influida especialmente por los
acontecimientos en Catalunya) se organizó una de las manifestaciones
antifascistas más grandes de los últimos años.
La política del Estado
español está en ebullición. El Partido Popular compite con Ciudadanos sobre
quién es más anticatalán. El PSOE se convirtió en un apéndice de Rajoy, votando
a favor del 155, creando más fracturas en el PSC. Y la nueva izquierda
reformista de Podemos se ha hecho un lío, insistiendo en la política de “ni
155, ni independencia” que en la práctica significa denunciar la independencia
y sus avances democráticos frente a la represión estatal. Pablo Iglesias
deslegitimó y destituyó a la dirección de Podem animándolas a irse a ERC o a la
CUP.
La gente en Catalunya
está buscando el camino para seguir la lucha contra los enemigos de la
democracia, pero también contra los supuestos amigos. El bloque de la reacción va
desde el palacio real y la Moncloa, a las bandas fascistas, pasando por la
dirección de la Unión Europea. Frente a la represión estatal, la gente de
Catalunya necesita nuestra solidaridad, sin condiciones, más que nunca.
Nikos Lountos
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