lunes, 15 de mayo de 2017

L@S NUEV@S PSICÓLOG@S CLÍNIC@S NO PODEMOS TRABAJAR

Esto es una denuncia de la situación injusta en la que nos encontramos muchas psicólogas y psicólogos en el Estado español. Resulta que después de terminar nuestros estudios universitarios de Grado, quienes queremos dedicarnos a la Psicología clínica (o sea, la mayoría de las personas que estudiamos esta carrera) nos encontramos con que no podemos ejercer. Sí, quienes queremos atender a pacientes en consulta, NO PODEMOS TRABAJAR.
¿POR QUÉ NO PODEMOS TRABAJAR? 
¿Porque no hay trabajo? No. Trabajo sí hay. De hecho, somos bastantes l@s que nos hemos reciclado y estudiado ésta como segunda carrera buscando una opción para ganarnos la vida ante la profundacrisis económica que estamos atravesando y la gestión que los gobiernos están haciendo de ella para que la paguemos los trabajadores y trabajadoras, con la precarización cada vez mayor del empleo y los recortes y la privatización de los servicios públicos.
¿Porque cada vez hacemos menos falta? No. Hacemos falta, y mucha. El índice de suicidios ha subido un 20% desde el inicio de la crisis, convirtiéndose en la principal causa de muerte externa con el doble de muertes que los accidentes de tráfico. Y eso es sólo un ejemplo de los casos más graves, porque esta crisis que tanto sufrimiento está acarreando conlleva un nivel de estrés y dolor en muchas personas que no siempre llega a reflejarse en situaciones tan extremas como el suicidio.
¿Porque sobramos psicólog@s? No. En España hay 4,3 psicólog@s por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media europea, que es de 18 psicólog@s/100.000 habitantes. En Alemania esta cifra asciende a 50, y en países como Suecia o Finlandia se eleva hasta 70.
Entonces, ¿cuál es la causa de que no podamos trabajar?El motivo es que se nos exige una formación extra después del Grado, con dos posibles vías habilitantes para poder ejercer nuestra profesión: presentarnos al examen de Psicólogo Interno Residente (PIR) o matricularnos en el Máster de Psicología General Sanitaria(MPGS). Tomando ambas opciones en conjunto o por separado, indistintamente, lo que existe es un auténtico cuello de botella a causa de las pocas plazas disponibles.
Anualmente se ofertan en torno a 125-130 plazas de PIR -que permite el acceso a la residencia en la sanidad pública, tras la cual se está habilitad@ para ejercer en consulta pública o privada- y se presentan en los últimos años más de 30 psicólog@s por plaza. En el caso del Máster de Psicología General Sanitarialas ratios son igual de escandalosas, por no hablar de precios y de los criterios de selección para acceder al mismo.
¿CUÁL ES LA REALIDAD QUE NOS HA LLEVADO A ESTA ABSURDA E INJUSTA SITUACIÓN?
Se trata de la aprobación de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, con la que, con la excusa de regular la Psicología clínica como profesión sanitaria, impusieron estos criterios de formación, en la línea de las vergonzosas reformas educativas del Plan Bolonia. Unos criterios que, sin duda,siguen la pauta de la privatización de la educación bajo las directrices de la Unión Europea. Son de sobra conocidos -y sólo hay que consultar los Presupuestos Generales del Estado-los recortes que en los últimos años se han llevado a cabo en servicios públicos tan básicos como la educación y la sanidad. Recortes que van de la mano de una privatización de los mismos, más o menos encubierta según el caso.
Un tercio de las plazas ofertadas para el MPGS se encuentran en universidades privadas, y continúan surgiendo como champiñones cada año las privadas que ofertan este máster, ante la perspectiva asegurada de negocio. A estas universidades acuden quienes pueden pagarlo. Una vez más, se trata de educación (y en este caso, también posibilidad de acceder al mercado de trabajo) para ricos. Porque estamos hablando de que en que la universidad pública el precio medio del MPGS, que se realiza a lo largo de dos años, era el curso pasado de 2.704,5 euros, mientras que el precio medio en las universidades privadas ascendía a algo más del triple.
¿QUÉ PODEMOS HACER PARA CAMBIAR ESTA INJUSTICIA Y PODER ACCEDER A UN TRABAJO?
En primer lugar, y como ya hemos comentado anteriormente, el número de psicólog@s en la Sanidad pública es absolutamente insuficiente, cuando la atención psicológica no es un lujo, sino en muchos casos una necesidad; esto debería valorarse más aún ahora que la Psicología ha pasado a considerarse legalmente como una profesión sanitaria. Por este motivo, las plazas para Psicólogo Interno Residente, así como las de profesionales de la Psicología que trabajan de forma permanente en la atención pública, deberían incrementarse considerablemente.
Por otra parte, en ningún caso debería ser necesaria la realización obligatoria de un máster para poder ejercer la práctica profesional, y mucho menos un máster al que una mayoría de candidat@s no tiene posibilidad de acceder.
Por todo ello, llamamos a estudiantes, psicólog@s y usuari@s a movilizarnos para denunciar esta situación y exigir una atención psicológica pública de calidad y unas condiciones dignas de acceso al trabajo para l@s profesionales de este sector.
Marta Castillo



miércoles, 10 de mayo de 2017

La importancia de la clase trabajadora ahora

Quienes afirman que la clase trabajadora ya no existe o que no tiene la capacidad de movilización e influencia que tenía antes se dan, una y otra vez, de bruces contra una tozuda realidad que les desmiente. Huelgas como las del sector de recogida de basuras urbanas muestran que la clase trabajadora sigue teniendo un papel clave en el funcionamiento del sistema y que cuando para, el sistema para con ella. De hecho, la clase trabajadora actual es más amplia y está más conectada a nivel internacional que nunca antes en la historia de la humanidad.
Actualmente, la clase trabaja-dora está formada por un núcleo de más de 900 millones de personas, alrededor del cual hay otros 3.500 millones cuyas vidas están sujetas de forma importante a su misma lógica (quienes dependen del ingreso que proviene del trabajo asalariado de parientes o de ahorros y pensiones). En la agricultura, una gran parte de la gente continúa trabajando por cuenta propia; sin embargo, la mayoría de las trabajadoras y trabaja-dores a nivel mundial, ocupada en los sectores industrial y de servicios, es asalariada. El argumento de que la clase trabaja-dora ha desaparecido se basa, normalmente, en lo que está ocurriendo con la clase obrera industrial en algunos países enriquecidos. La reestructuración de la economía, a través de sucesivas crisis económicas, ha causado la desaparición de antiguos rasgos centrales de la escena industrial, pero esto no justifica que la clase trabajadora haya desaparecido. Por ejemplo, la cifra de trabajador@s de la industria en Estados Unidos en 1998 era cerca del 20% mayor que en 1971, casi el 50% más que en 1950 y cerca de tres veces el nivel de 1890. Es cierto que el empleo industrial ha caído durante las últimas décadas en países enriquecidos como Gran Bretaña y Francia, pero eso no representa una desindustrialización del mundo, sino una reestructuración de la industria.
Frente a esta reestructuración capitalista, que en muchos casos viene acompañada de una mayor precariedad laboral, el sindicalismo debe adaptarse de forma flexible, asamblearia y combativa, ya sea mediante organización directa en centros de trabajo o territorialmente (por ejemplo, organizando asambleas de plantillas de hostelería por barrios). Unamuestra muy buena de auto-organización de plantillas en condiciones precarias fue “la huelga de las escaleras” de subcontratas de Movistar, que pusieron pie en pared frente a la explotación de esta multina-cional y sus secuaces.
Y no es solo que la clase trabajadora exista más que nunca, sino que, además, en ella hay sectores que tienen una posición especialmente clave en el sistema. Por ejemplo, las plantillas de recogida de basura, que comentábamos antes, han sido capaces de frenar gran parte de los recortes que llegaban a su sector porque cuando no curran las ciudades se inundan de desperdicios. Otro sector clave son los y las estibadoras, que gestionan el 80% de las importaciones y el 60% de las exportaciones y que, con una cultura de lucha colectiva, unidad y asamblearismo combativo han tumbado el real decreto de la precarización de la estiba en el parlamento, evidenciando la debilidad del "gobierno zombi " de Rajoy.

Al contrario que alguna gente trabajadora, la clase dirigente sí es muy consciente de la importancia de la clase trabaja-dora y, consecuentemente, intenta debilitarla continuamente. Prueba de estos ataques son las sucesivas reformas laborales del PPsoE durante las últimas décadas. Y ahora que el gobierno está débil (sin mayoría absoluta, con inestabilidad política en el parlamento y temiendo un repunte de las movilizaciones sociales), los capitalistas canalizan sus ataques a través de otros aparatos del Estado. Por ejemplo, el Tribunal Supremo acaba de dictar sentencia ata-cando brutalmente al derecho a huelga, al permitir que una empresa pueda volver a subcontratar un servicio cuando la plantilla que lo venía desarrollando esté en huelga. Es decir, esta sentencia viene a romper el derecho de huelga en los servicios subcontratados, que cada vez son más. En esta línea de ataques va también la agresión a la estiba con el objetivo de desarmar a un sector clave y autoorganizado en la defensa de sus derechos, que sirve de modelo a otras secciones de la clase trabajadora y es especial-mente importante, por ejemplo, durante las huelgas generales.
Para superar los ataques de la clase dirigente y de los políticos a su servicio, tenemos que construir sindicalismo asamblea-rio, solidario y combativo que impulse una cultura de confían-za en la lucha colectiva. En este camino, debemos llegar a des-bordar a las burocracias sindica-les, como están haciendo espa-cios de lucha amplios como las Mareas o las Marchas de la Dignidad. En este sentido, es clave unir las luchas y que se retroalimenten positivamente unas a otras. Al mismo tiempo, hay que huir del sectarismo que nos impide golpear junt@s. De este modo, hay que diferenciar claramente entre las burocracias de CCOO y UGT, que desmovili-zan y aíslan las luchas, y a las que debemos denunciar y apartar, de las bases combati-vas de esos sindicatos, con las que tenemos que luchar juntas desde la diversidad. Además, es importante fijar objetivos claros y que puedan alcanzarse me-diante la movilización. Por ejemplo, en estos momentos, el derogar las últimas reformas laborales podría ser nuestro objetivo principal y no parar hasta conseguirlo: empezando por una gran manifestación en Madrid de las Marchas de la Dignidad, ya convocada para el 27 de mayo, y que ésta sirva para impulsar una huelga general que ponga contra las cuerdas al gobierno y al PPsoE.
A 100 años de la Revolución Rusa de 1917, hay que luchar y crear poder popular para con-vertir las reivindicaciones eco-nómicas (por las que la mayoría de la gente empieza a moverse) en reivindicaciones políticas que transformen nuestras sociedad-des profundamente y nos lleven a superar el capitalismo. Un ejemplo de esta evolución política en las reivindicaciones nos lo han dado las y los estibadores en varias zonas del mundo y diferentes periodos: se negaron, mediante “prohibicio-nes verdes”, a cargar barcos con uranio en Australia en el marco de la Guerra Fría de los años 70-80 y a descargar en el puerto de Bilbao los componentes dirigidos a la construcción de la central nuclear de Lemoiz en los años 80. Y cerraron, en varias ocasiones, los puertos de la Costa Oeste de Estados Unidos contra la Guerra de Irak.
Nuestro futuro está en las luchas sociales de la clase trabajadora, gobierne quien gobierne. La historia nos enseña que el mundo no se cambia en profundidad y en favor de los intereses de la gente de abajo jugando en el tablero y con las reglas de los burgueses que intentan machacarnos, desde gobiernos y parlamentos diseñados por el 1% y para el 1%.

Jesús M. Castillo

martes, 9 de mayo de 2017

Entrevista a Cristina Honorato, concejala de Participa en el Ayuntamiento de Sevilla

 “Nos habíamos dejado atrapar en la telaraña del posibilismo”
Participa-Sevilla nació como una iniciativa municipalista ante las últimas elecciones municipales de 2015, recogiendo parte del impulso político del 15M.Dos años después de esas elecciones, en el ecuador de la legislatura, Participa ha agrupado a activistas de movimientos sociales en sus filas, ha apoyado movilizaciones, ha lanzado campañas en defensa de servicios públicos de calidad, ha desarrollado una intensa labor institucional y, presa de contradicciones, ha acabado apoyando los presupuestos continuistas y neoliberales del PSOE para 2017.
Desde el Colectivo Acción Anticapitalista (CAA) entrevistamos a Cristina Honorato (CH), profesora de Secundaria, activista en la Marea Verde y ahora concejala en el Ayuntamiento de Sevilla por Participa. Una activista convertida en concejala que no para de luchar en las calles.


CAA: ¿Qué te llevó a presentarte a concejala por Participa-Sevilla en las últimas elecciones municipales?
CH: El llamado “salto a las instituciones” desde los movimientos sociales o colectivos que no habían participado o apostado por el “juego electoral” creo que fue el resultado de un proceso de reflexión colectiva tras la oleada de movilizaciones como el 15M, las Mareas, la lucha por la vivienda... Después de tomar las calles y las plazas, comenzó a surgir la pregunta: ¿por qué no también las instituciones, secuestradas por aquell@s que teníamos claro que no nos representaban? En Sevilla, el PP ganaba las elecciones municipales con mayoría absoluta tras las históricas movilizaciones del 15M, y llevábamos años sintiendo que el espacio político electoral que conectara con la izquierda alternativa, transforma-dora, asamblearia, rupturista... que rompiera con las lógicas bipartidistas, con el régimen del 78... estaba vacío. Eso me llevó, o nos llevó, a ilusionar-nos y a apostar por la construcción de Podemos como herramienta política de transformación y autoorga-nización social, como una “pata” complementaria al movimiento. Cuando Podemos decidió no presentar-se como tal a las elecciones municipales, muchas personas entendíamos que la construcción política municipalista era clave en la lógica de construir poder popular “desde abajo”. ¿Cómo no apostar por el municipalismo?
CAA: ¿Qué balance haces de la acción de Participa-Sevilla desde las elecciones municipales hasta ahora? ¿Qué cosas crees que deben mejorarse y cuáles crees que son sus puntos fuertes?
CH: Bueno, tras dos años del inicio de esta “aven-tura de entrar en el afuera de las instituciones”, sobre todo nos surgen constantemente preguntas e interrogantes sobre aspectos que son generales, y también específicos de nuestra realidad como Participa-Sevilla y la realidad local.
Hay algo evidente, que esto nunca se había hecho antes, de modo que no teníamos referentes, experiencias previas similares de las que aprender o apoyarnos. Y sobre todo el gran reto: ¿cómo facilitar la construcción del movimiento municipalista, el empoderamiento ciudadano, la transformación des-de la autorganización? ¿Cómo hacerlo desde un espacio ajeno, que está diseñado para todo lo contrario: los tiempos, los espacios, las “lógicas”... y con una realidad en la calle fragmentada, “desinfla-da”, que seguía mayoritariamente asentada en el paradigma electoral, de nuevo en la “delegación”, la ilusión engañosa de la democracia representativa y las políticas estado-céntricas para resolver y cambiar la realidad?
Se suma, además, la presión constante, dentro de estos muros, de “demostrar que también somos capaces de gestionar, de ser eficientes”, otra trampa, pero ¿queremos serlo?, o querer también conseguir victorias, “rascar” pequeños triunfos, y eso también es necesario. Pero la pregunta es también ¿cómo se consiguen estas victorias? ¿A través de acuerdos en despachos o por la pelea en la calle, facilitando la creación de redes, facilitando información que no tiene la ciudadanía...? Y estas respuestas no las podemos contestar nosotr@s solamente, esto tiene que ser fruto de una reflexión colectiva.
Sobre aciertos y errores, es difícil resumirlo en dos o tres líneas. Se ha conseguido romper con, o poner en cuestión, prácticas normalizadas en estos despachos aplicando la limitación de sueldos, la elección de candidat@s con listas abiertas sin pactos, procedimientos abiertos y transparentes de contratación del personal eventual, “donaciones” de sobrantes de sueldos, funcionamiento asambleario y democrático, apostar por las áreas de trabajo como base, espacios abiertos y diversos... Campañas que han logrado conquistas conjugando lucha en la calle, autoorganización y pelea en la institución, como la campaña “Ni un día más una vivienda sin agua”, que consiguió el cambio de políticas de EMASESA para garantizar el derecho al agua, o la campaña “Repara en tu cole”, facilitando el tejido de la red de la comunidad educativa, uniendo luchas como la de los Peones del Ayuntamiento, peleando por la Escuela Pública... Como aspectos negativos, mucho que mejorar, y lo peor es la falta de tiempo para poder pensar en lo importante porque lo urgente te entretiene todo el tiempo, es parte de la trampa institucional... Uno de los principales retos son los territorios y la participación.
CAA: ¿Por qué votaste 'no' a los presupuestos del PSOE en la asamblea de Participa-Sevilla?
CH: Creo que todo lo acontecido alrededor de la aprobación de los presupuestos municipales de Sevilla para 2017 nos ha servido, o al menos a mí me ha servido, para ponernos un espejo delante y decirnos: “Espera, necesitamos pararnos a pensar y preguntarnos una y otra vez: ¿para qué estamos aquí?”, y en esas estamos. Tras lo sucedido el año pasado, al darnos la razón el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo, a la demanda que interpusimos al Ayuntamiento por no dejarnos debatir ni votar las enmiendas que presentábamos, entendíamos que habíamos gana-do una batalla al caciquismo del bipartidismo, y al ordeno y mando de la vieja política. Y se vieron obligados a cambiar el procedimiento de aprobación para este año. Impusimos que las enmiendas se debatiesen y aprobasen de forma transparente en la Comisión de Hacienda, sin acuerdos previos de pasillo como quería el PSOE. ¿Y qué pasó? Que nos aprobaron la mayoría de nuestras propuestas, no el PSOE sino la oposición. Nos habíamos dejado atrapar en la telaraña del posibilismo, y era muy difícil escapar de ella en el punto en el que estábamos, pero las preguntas eran: ¿estábamos decidiendo sobre las políticas que se van a llevar a cabo en la ciudad, cuando las propuestas no se llevan a cabo, máxime cuando ni siquiera las había votado favorablemente el PSOE? ¿O se trata de hacer un balance y una evaluación de las políticas del gobierno socialista en la ciudad? ¿Consideramos que, en su conjunto, los presupuestos municipales no vienen a dar un giro en las políticas que esa gran mayoría reclama para dignificar sus vidas, para garantizar el derecho a techo, para fomentar las políticas activas de empleo o para que se lleven a cabo políticas contundentes contra las violencias machistas que nos están matando, cuando el presupuesto en Igualdad no llega ni al 1% del presupuesto general? Pues no, no puedo aprobar las políticas del gobierno del PSOE y, por tanto, su presupuesto, por eso voté no. Fue un debate intenso y reñido, y que creo, como digo, que nos ha servido para poner sobre la mesa debates políticos necesarios sobre ese ¿para qué? Preguntas que igual tienen diferentes respuestas, y me parece positivo que las haya, pero hay que escucharlas, debatir y decidir.
CAA: ¿Cómo ves la relación entre los movimientos sociales y la representación institucional?
CH: Esa es otra de las grandes preguntas, y otro de los grandes debates. Es complejo resituarse cuando vienes del movimiento social y de repente te encuentras en este “afuera”, y también hay muchas maneras de verlo y enfocarlo. A mí me gusta entenderlo de la forma que se plantea en los Encuentros de MAK (Municipalismo, Autogobierno y Kontrapoder). Venimos de un espacio común, los movimientos sociales, las Mareas... y de esa refle-xión colectiva a la que me refería en la primera pregunta, algunas compañeras y compañeros entran en la institución, se cuelan, como espías, como fiscalizador@s, cual Caballo de Troya, pero tenemos una matriz común, y necesitamos un espacio común de debate y de decisión.
La candidatura municipalista sería una herramienta más al servicio de la construcción del movimiento municipalista y el contrapoder ciudadano. Así me gusta verlo, y así me gustaría que fuese. Pero esta es una visión personal. En Participa-Sevilla existen diversos puntos de vista sobre esto. En lo que coincidimos es en el respeto a la autonomía de los colectivos sociales, en estar al servicio de, tolerancia cero a la utilización de los movimientos como ha sucedido en el pasado, la “lógica” se debe revertir, el objetivo es fortalecer el movimiento, no la sigla. También coincidimos en la necesidad de diálogo, de un encuentro con los movimientos sociales para debatir sobre el futuro del municipalismo, sobre ese ¿para qué? Y también sobre el ¿cómo?, a veces más importante.
CAA: ¿Qué piensas de posiciones contradictorias de los nuevos "Ayuntamientos del cambio", como que el alcalde de Podemos en Cádiz defienda la construcción de barcos de guerra para Arabia Saudí con el argumento de crear empleo, o que Ada Colau se enfrentase, especialmente en un principio, a la plan-tilla de TMB en huelga por sus condiciones laborales alineándose con la dirección de la empresa pública?
CH: Uff, también es algo complejo para contestar brevemente. Estar gobernando entraña otras problemáticas y conflictos mucho más difíciles. Debemos entender que ganar elecciones no es tener el poder. Quien se haya creído esa fórmula mágica es hora de que cambie de placebo. Es clave, se necesita, un contrapoder fuerte en la calle para cambiar las políticas y los modelos económicos y de ciudad. En el caso de Cádiz, un movimiento antimilitarista, ecologista... que marque el ritmo de las políticas en este sentido, que dirija, y los servidores municipales que sean meros transmisores o ejecutores. Por desgracia, esa no es la realidad. También y, especialmente, en el caso de Cádiz (que, además, es mi ciudad natal, marcada por unas tasas de desempleo y emigración sangrantes) indigna sobremanera la campaña mediática desatada ¿quién se preocupaba por Yemen antes de la entrevista de Jordi Évole a Kichi? Nadie dijo que fuera sencillo, desde luego, ni que estuviera libre de contradicciones, máxime cuando no haya una calle fuerte que sea la que marque y obligue, a l@s que ganaron elecciones, pero no el poder.


lunes, 8 de mayo de 2017

La “justicia” al servicio del gobierno, el estado al servicio del capital

El estado es un instrumento de clase, no neutral, para beneficio de la clase dominante, que en la sociedad capitalista la forman los propietarios del capital, mientras la clase dominada somos las trabajadoras y trabajadores. Su objetivo final es reproducir un sistema que permite a la clase dominante seguir obteniendo beneficios sin demasiados conflictos con la clase dominada.
En las democracias modernas, al mismo tiempo que ese es el objetivo principal, no se pueden ignorar totalmente los intereses de la mayoría de la población, la clase dominada. Para que los conflictos sociales no pongan en peligro la estabilidad del sistema y su reproducción, se debe llevar a cabo lo que se considera una función de legitimación (atender hasta cierto punto los deseos de las clases dominadas).
No obstante, en caso de conflicto entre ambas funciones, el estado se inclina siempre por mantener la función de acumulación del capital a costa de la legitimación.

Es decir, la actuación del estado, que está dirigida a reproducir el sistema capitalista para beneficio de la clase dominante, tiene que tener en cuenta también, hasta cierto límite, especialmente en los sistemas de democracia parlamentaria, los aspectos que afectan a la clase dominada siempre que no se ponga en peligro la reproducción del sistema, pues en ese caso el estado no duda en recurrir a la fuerza armada. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, con sindicatos y partidos de izquierda y socialdemócratas fuertes y movi-mientos de lucha de clase, el escenario geopolítico existente permitió que en la mayor parte de Europa y Norteamérica el papel del estado de reproducir las relaciones sociales capitalistas, principal-mente la circulación y acumulación de capital, se combinara con políti-cas sociales y redistributivas hacia las clases dominadas como no había pasado antes. Fue estableciéndose así lo que se ha venido en llamar el estado del bienestar, mediante el cual la población conquistó derechos sociales en el ámbito de la educación, la salud, las pensiones o la asistencia social, dando lugar a una mejora importante en sus condiciones de vida. Y, lo que es quizá más relevante, estos avances se consideraban derechos colectivos y parte integrante del salario. El capitalismo se vio obligado a reconocer tales derechos y a modificar la distribución de la riqueza social en consonancia.
No obstante, el carácter esencial del estado sigue siendo el de reproducir el sistema para el beneficio de la clase dominante y facilitar la consecución de la explotación capitalista mediante la obtención directa e individualizada de la plusvalía, bajo la forma aparente de la venta y la compra “libres” de la fuerza de trabajo por el capital como una mercancía más en el mercado. Pero, por otro lado, mantener en orden una sociedad explotadora implica también la necesidad de coerción. La represión del estado depende del curso de la lucha de clases, de cómo el capital es capaz de imponer su voluntad o si las resistencias y la lucha permiten formas menos agresivas de estado. Cada vez más, el papel del estado se articula alrededor de mantener el orden, disciplinar a la fuerza de trabajo y diluir y controlar toda resistencia.

La crisis de la década de 1970 posibilitó al capital el cambiar la correlación de fuerzas y emprender una restructuración político-económica de las sociedades capitalistas para intentar acabar con el poder relativo de grupos organizados dentro de las clases dominadas, partidos de izquierda y sindicatos de clase, así como con la voluntad de resistencia de las trabajadoras y trabajadores.
En la crisis actual, con la justificación de la crisis de la deuda y con la colaboración de las instituciones públicas internacionales (FMI, BM, OCDE y, sobre todo, la UE), se sigue forzando la subordinación del mundo del trabajo y las clases populares mediante agresivas políticas económicas y leyes que deterioran su nivel de vida y sus condiciones laborales. En este contexto de crisis, que está pagando la clase trabajadora con el aumento de la explotación, los capitalistas intentan contrarrestar la lucha obrera mediante su control de la comunicación, la colaboración de las burocracias sindicales, la división de los trabajadores y la represión.
En el estado español, esta re-presión está adquiriendo especial virulencia, pues la situación de una gran parte de las trabajadoras y trabajadores es desesperada porque el elevado desempleo, la precariedad y los bajos salarios, junto con la supresión de subsidios y la pérdida de servicios públicos, han aumentado la pobreza y el descontento social.
Controlados los sindicatos mayoritarios, convertidos en cogestores de la crisis, un objetivo fundamental de esta represión son los sindicalistas combativos, como Bódalo, y el recorte de los derechos laborales. La reciente sentencia del Tribunal Supremo, que avala la subcontratación con otras empresas para sustituir a trabajadores en huelga, es un ataque frontal contra la clase trabajadora e ilustra el papel del aparato del estado y sus leyes represivas al servicio de los capitalistas.
Un elemento fundamental en este sentido es el control de los medios de comunicación, especialmente la televisión. La apariencia de un debate de diferentes ideas se lleva a cabo siempre bajo la lógica de un planteamiento capitalista, que ofrece a las trabajadoras y trabajadores la falsa solución del crecimiento continuo y el aumento de la productividad, mientras se crea en los desempleados la sensación de culpabilidad por no poder acceder a un trabajo digno.  Puesto que las redes sociales son una alternativa de comunicación relativamente menos controlada, el gobierno está creando leyes y persiguiendo las ideas en un atentado flagrante a la libertad de expresión. La Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada “Ley mordaza”, no solo recurre a las multas gubernativas sin garantías judiciales, además crea un registro de infractores sin antecedentes penales y sin sentencia judicial. Se establece también “el valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad”, que es base suficiente para la sanción, el cacheo aunque sea por una sospecha sin evidencia de delito y la detención en caso de no mostrar documentación.
Sentencias como las de Cassandra, con la que se persigue la represión de una expresión que afecta a un general golpista, destacada figura de la dictadura, en base a su papel de víctima, no tendría explicación si no se considera que el actual gobierno es heredero de aquel régimen y pretende ganar en legitimidad reescribiendo la historia y convirtiendo a los verdugos en víctimas.

Este endurecimiento de la represión, que está creando presos políticos, indica que, ante la debilidad del gobierno en cuanto a argumentos y avances sociales, este tiene la necesidad de atemorizar con la fuerza de leyes antidemocráticas y la amenaza de los cuerpos de seguridad del estado en contra de derechos fundamentales teóricamente protegidos por la Constitución.
Esta represión creciente hay que encuadrarla asimismo en el momento actual de la lucha de clases, en el que los capitalistas aprovechan el elevado desempleo y la impagable deuda pública para recortar derechos y aumentar la concentración de capital a costa de las trabajadoras y trabajadores. El aparato del estado, gobierno, jueces y los cuerpos policiales frenan la lucha obrera mediante la aplicación de leyes represivas mientras se aplican las políticas de las instituciones controladas por los capitalistas en contra de la clase trabajadora.
Jesús A. Castillo Gómez


sábado, 6 de mayo de 2017

Prohibido vestirse como una quiera





Una de las formas de discriminación que más ha aumentado durante los últimos años es la islamofobia, que puede definirse como la hostilidad o miedo injustificado hacia el Islam y las personas musulmanas, que puede ir acompañado de intolerancia religiosa y racismo. Así pues, este miedo irracional tiene como consecuencias la aparición de prejuicios, discriminación, agresiones y la exclusión social de las personas y las comunidades, en la participación de asuntos políticos y sociales.
Las mujeres musulmanas son doblemente víctimas de la islamofobia; por una parte, por las creencias que profesan, y por otra, por su género. De igual modo, la mayoría de estas mujeres tienen más probabilidad de sufrir ataques islamófobos, ya que el hecho de llevar el velo las hace más visibles y fáciles de reconocer ante el resto de la sociedad. Pero, al mismo tiempo, las invisibiliza, puesto que el hecho de llevar el velo hace más fácil poder apartarlas o excluirlas en determinadas situaciones.
Un ejemplo, a nivel institucional, de este tipo de discriminación, es la sentencia dictada el pasado 14 de marzo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta determina que el hecho de que una empresa privada prohíba el uso visible de signos políticos, filosóficos o religiosos, no es discriminación y que estaría acorde con las leyes europeas.  Esta sentencia viene a raíz de dos casos, uno en Francia y otro en Bélgica, en los que mujeres musulmanas fueron despedidas porque se negaron a quitarse el velo en sus puestos de trabajo.
Si bien la legislación europea no permite que empresas privadas ni públicas establezcan normas que perjudiquen a ciertos grupos, a no ser que haya una justificación específica, como sería que la compañía quisiera transmitir una imagen neutral, la decisión del tribunal permitiría que las empresas privadas prohibieran el uso del velo, si se prohíbe el uso de símbolos religiosos. Además, no solo afecta a las mujeres musulmanas, sino a todas esas personas que expresan sus creencias religiosas a través de su forma de vestir, como los sijs que usan turbante o el caso de los judíos que lleven kippa.
Esta sentencia puede tener diferentes consecuencias. Por un lado, puede limitar el acceso al mundo laboral a aquellas mujeres que llevan el velo islámico y, por otro, puede llevar a que algunas mujeres tengan que quitarse el velo para poder trabajar, situación en la que se estaría vulnerando el derecho constitucional de libertad religiosa. Así pues, esta decisión del tribunal europeo podría llevar a que algunas mujeres tuvieran que decidir entre ejercer su derecho al trabajo o su derecho a expresar sus creencias religiosas de forma libre, situación a la que nadie debería de llegar.
En el libro Combatir la islamofobia, bajo el subtítulo de “Una guía antirracista”, podemos encontrar varios testimonios que comparten experiencias en torno al velo islámico y las distintas situaciones que las mujeres que deciden llevarlo viven. También cuenta con textos en los que se debate y reflexiona sobre el uso de esta prenda de vestir, la falta de centros de culto en el Estado español, el nacimiento del Estado Islámico, el estado de la cuestión LGTB en Oriente Medio y la relación de la izquierda occidental con el Islam, entre otros temas. Este libro nos brinda una perspectiva alternativa a la de los medios de masas y nos dota de recursos y herramientas para poder hacer frente a los problemas y conflictos derivados de la islamofobia.
Kadijatu Dem Njie

jueves, 4 de mayo de 2017

Decretazo de la Junta contra la Educación infantil de 0 a 3 años






LA MERCANTILIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado 28 de marzo de 2017 un Decreto Ley para la liberalización de la Educación Infantil de 0 a 3 años, mediante el cual apuesta por la liberalización y desregularización del sector, favoreciendo su mercantilización y abriendo las puertas a las grandes empresas como ha sucedi-do con la ayuda a domicilio.
El Decreto Ley y la actuación autoritaria de la Junta de Andalucía ha recibido un rotundo rechazo tanto de la patronal como de las trabajadoras del sector, quienes serán las primeras en sufrir el “decretazo”. La educación infantil es un sector muy feminizado, formado principalmente por cooperativas y microempresas que no podrán hacer frente ni competir con precios a la baja con las grandes empresas del sector y los oligopolios.
Hasta ahora el sistema de las escuelas infantiles funcionaba con la ayuda y en convenio con la Junta de Andalucía, fijando la administración un precio fijo. Con el nuevo decreto se pasa a establecer un precio máximo, echando a pelear unas escuelas con otras y permitiendo que las grandes empresas puedan ofertar muy por debajo del precio por plaza establecido por la Junta de Andalucía, lo que redundará en una merma de la calidad del servicio y una precarización de los puestos de trabajo.

 El decretazo encierra un segundo golpe sobre la clase obrera y en especial sobre las mujeres, al no permitir el acceso a plazas subvencionadas de los niños y niñas nacidos a partir de mayo, una vez cerrado el plazo de matriculación, por lo que madres con embarazos sobrevenidos, trabajado-ras temporales o jornaleras no podrán acceder a los servicios subvencionados y deberán o asumir el coste completo de la escolarización o renunciar al trabajo.
Las movilizaciones y concentraciones de los pasa-dos 23 y 28 de marzo han conseguido en parte frenar algunos de los puntos que la Junta de Andalucía estaba dispuesta a aprobar de forma unilateral, con lo que vuelve a demostrarse la falta de talante negociador de la Junta y el carácter mafioso de la administración andaluza, que ha llegado a avisar a los centros que secun-den las movilizaciones de que “se exponen a la retirada de las subvenciones”. Todo esto pone de manifiesto una vez más que las movilizaciones son imprescindibles.
La clase obrera debe luchar por una verdadera conciliación de la vida laboral y familiar, como medidas destinadas a favorecer los intereses del menor y la ampliación de los periodos de baja por maternidad y paternidad, más allá de los intereses empresariales, y no pareciendo de recibo que un bebé con tan sólo 4 meses esté obligado a asistir a una escuela infantil.
David Robles