Crisis económica, política y social en el Estado español

La convulsa situación política en el Estado español está marcada por la persistencia de la crisis económica capitalista a nivel mundial, cuyos primeros síntomas se manifestaron en el verano de 2007, y que ya se conoce como la ‘Segunda Gran Recesión’. El escándalo de las hipotecas subprime en EEUU, que hizo caer al banco Lehman Brothers, puso de manifiesto los delitos de los bancos y la falta de una regulación económica adecuada.

Pero esta crisis no es solo una cuestión financiera como evidencian la caída de los precios de las materias primas, por la falta de demanda, y el débil crecimiento macroeconómico, a pesar de que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal en EEUU mantienen tipos de interés próximos al 0%. La crisis afecta ya también a los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) que, por su elevada tasa de crecimiento, se consideraban motores de la economía mundial.

Los y las trabajadoras somos quienes más estamos sufriendo, por ahora, esta crisis capitalista debido a los programas de recortes y austeridad, y al aumento de la tasa de explotación laboral a lomos de reformas laborales. De hecho, este desastre económico, que se alarga sin saber cuándo acabará o si acabará, tiene su reflejo en luchas sociales, inestabilidad política e inestabilidad en algunos de los grandes países productores de petróleo (Ej. Venezuela) y de otras materias primas.

En el Estado Español la crisis se ha agravado por el estallido de la burbuja inmobiliaria propiciada por la criminal actuación de los bancos y las grandes constructoras, con la connivencia de los políticos corruptos. Durante muchos años los tasadores de los bancos han valorado sistemáticamente por encima del valor real de las viviendas, provocando un endeudamiento de las familias que era una estafa. Además, se trataba de una actividad especulativa que favorecía la corrupción. Puesto que el ‘sector del ladrillo’ representaba un pilar fundamental de la economía, su hundimiento fue una catástrofe gigantesca que seguimos pagando: en un estado con elevado paro estructural, nunca inferior al 8%, el desempleo se disparó hasta el 26%, el número de desahucios aumentó de forma dramática, y con él los suicidios, mientras aumentaba la pobreza.

Los capitalistas locales, con ayuda de los europeos, han gestionado el desastre económico para que las consecuencias las suframos las y los trabajadores. Para ello llevaron a cabo un rescate multimillonario de los bancos con dinero público; bancos que con su actuación estaban en el origen del problema y a los que el gobierno regaló miles de millones de euros. Además, el gobierno creó el “banco malo”, para descargar a los supuestos ‘bancos buenos’ de activos desvalorizados (tóxicos), al tiempo que no se permitía que se desinflara del todo la burbuja, promoviendo que continuara la especulación. Este rescate bancario ha tenido como consecuencia que la deuda pública ascienda a más de un billón de euros, superando el 100% del PIB, lo que la convierte en impagable. Algo que resulta tan evidente que, para tranquilizar a los acreedores, los partidos del Régimen del 78 modificaron la Constitución con nocturnidad y alevosía para priorizar el pago de la deuda a los especuladores por encima de todo, incluyendo el mantenimiento de los servicios públicos más básicos.

La propaganda gubernamental repite continuamente en los medios de comunicación que gracias a su actuación se está saliendo de la crisis y su argumento favorito es que estamos creciendo más que otros países europeos. Lo que no dice es que en los demás países la caída del PIB no fue tan acentuada y que aquí se está comparando con una referencia que refleja el hundimiento, es decir, lo que se crece intenta recuperar lo perdido.

Pero hay otra magnitud económica que refleja mucho mejor el estado de la economía española: a pesar de la política expansiva del Banco Central Europeo el Estado español se encuentra en deflación, los precios bajan ya durante doce meses por falta de consumo. Es evidente que no cabe esperar otra cosa cuando más del 20% de las y los trabajadores están parados, cuando las familias y muchas empresas no pueden hacer frente a sus deudas, y los salarios son tan bajos que ni trabajando se sale de la pobreza. Para salir de la deflación es necesario aumentar la masa salarial y aumentar la inversión pública, todo lo contrario de lo que han decidido el PP y el PSOE priorizando el pago de la deuda.

Hay otro indicador que evidencia también la situación de la economía y la forma en que la afrontar el gobierno del PP: la evolución del Fondo de Reserva de las Pensiones, la llamada “hucha de las pensiones”. La ley preveía que este fondo se utilizara exclusivamente para pensiones y establecía un tope de gasto anual del mismo. El gobierno de Rajoy cambió, por decreto, esta ley y en poco tiempo ha reducido el Fondo de los más de 70.000 millones que había en 2015 a poco más de la tercera parte. Diversas publicaciones sobre economía han denunciado que este Fondo se estaba utilizando para comprar deuda pública, desviando así estos recursos a fines distintos a los que estaba destinado. La escasa contestación de los sindicatos CCOO y UGT, presentes en los Pactos de Toledo, origen de esta ley, es prueba de lo lejos que están las burocracias sindicales de ayudar a los trabajadores y trabajadoras a los que se supone que deberían servir. Esta situación refleja también la caída en los ingresos de la Seguridad Social. En un momento en que el capital ve reducida su tasa de ganancia, los esfuerzos de los últimos gobiernos del PSOE y del PP se han centrado en reformas laborales para aumentar las plusvalías o, dicho de otro modo, para aumentar la explotación de la clase obrera. Los salarios de miseria, los contratos a tiempo parcial fraudulentos y las bonificaciones a empresarios son las causas principales de los bajos ingresos de la Seguridad Social.

La supuesta disminución del desempleo no es más que un reflejo de la emigración, de los desesperados que no se registran en la oficina del INEM por haber perdido la esperanza de trabajar y de la rotación y jornadas reducidas de los trabajadores precarios. El objetivo del gobierno es “aumentar la competitividad” obligando a las y los trabajadores a aceptar condiciones de trabajo tercermundistas mientras, por otro lado, aumentan el número de ricos y la desigualdad.

La clase obrera estamos también sufriendo el deterioro de la Sanidad y Educación Públicas por los recortes y la privatización progresiva, siguiendo el PPSOE las instrucciones de la Comisión Europea.

En este marco de deflación y sufrimiento del pueblo, el gobierno del PP ha optado por un aumento en los gastos militares, en gran parte con subterfugios que ocultan el verdadero destino del dinero. Siguiendo aquellos momentos históricos del cambio de Felipe González cuando nos metió en la OTAN y de la agresión de Aznar a Irak, no solo damos cobertura con las bases militares de Rota y Morón (Andalucía) al imperialismo norteamericano, sino que, además, participamos activamente sobre el terreno, como han mostrado las recientes muertes de soldados españoles en Irak y Afganistán. Con estas intervenciones, el Estado español es parte del origen de las guerras imperialistas y del problema de millones de personas refugiadas a las que, al mismo tiempo, se niega a acoger.

Con esta gestión económica que castiga a las y los asalariados, autónomos y pequeños empresarios, y con el recorte de libertades (véase la “Ley Mordaza”) y de los Servicios Públicos, no es de extrañar que en nacionalidades históricas como Catalunya y Euskal Herria hayan incrementado los deseos de independencia. Si la burguesía catalana ha practicado el chalaneo con el gobierno central desde la Transición, ahora hay un movimiento independentista de clase que reivindica decidir sobre su destino y que no lo hagan en Madrid o Bruselas.

También es importante señalar que la situación de inestabilidad económica y social se refleja en la actual coyuntura política. El PP dice haber ganado las elecciones, pero solo lo han votado tres de cada diez votantes; desde 2004 ha perdido dos millones y medio de votos. Además, el PSOE ha perdido desde esa fecha casi cinco millones y medio. La rebelión del 15 M contra la casta política del bipartidismo se ha reflejado en las urnas y a nivel parlamentario se traduce en que el bipartidismo se ha convertido en tetrapartidismo. Esta situación no significa necesariamente una mejora para los de abajo si en el parlamento no está representada su voz enfrentando las directrices de la UE contra las y los trabajadores y a favor de las multinacionales con tratados como el TTIP. Si los representantes institucionales quieren apoyar realmente a la gente trabajadora deben impulsar con todas sus fuerzas y medios las luchas sociales, exigir a los bancos el pago de la deuda que han generado con su especulación, luchar para acabar con las últimas dos reformas laborales que han traído más explotación, y derogar todas las leyes represivas.

Con los debates sobre la formación de gobierno se está planteando un escenario en el que los intereses de la clase trabajadora parecen depender de los resultados de los pactos entre partidos, intentando desviar así su atención de lo que es su arma más eficaz y útil contra la explotación y por la creación de poder popular: la lucha obrera. Una vez más, el espejismo parlamentario teatraliza la lucha de clases en una ficción para apartar el foco de la debilidad del capitalismo, en un momento de crisis sistémica, intentando adormecer la indignación de los y las oprimidas.

Jesús A. Castillo